Guanajuato, Gto. La diputada de Acción Nacional Juliana del Carmen Murillo Reyes, sostuvo que las irregularidades mostradas por la Auditoria Superior de la Federación sobre el proyecto cancelado del aeropuerto internacional de México, es un ejemplo de parcialidad por parte de la institución.
Lo anterior al recordar la presentación de informes por parte del titular de la Auditoria Superior, Daniel Rogelio Colmenares Páramo, quien el pasado 20 de febrero entrego los documentos de auditoria pública y revisión de cuentas de 2019, donde señaló que el costo total de cancelación del proyecto del aeropuerto fue de más de 331 mil millones de pesos.
En defensa el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, junto con su secretario de Hacienda y Cuenta Pública, declararon que a su parecer el 75 por ciento de lo reportado fue erróneo.
“En el informe general ejecutivo fiscalización superior de la misma cuenta pública, también están los resultados de auditorías a los mega proyectos emprendidos por la cual administración federal, como lo es la construcción tren Maya, la refinería Dos Bocas y el nuevo aeropuerto internacional de México, y vaya defensa del presidente al decir que si hubo daño al erario pero que no fue de tanto”.
La legisladora dijo que dichas declaraciones provocaran la desacreditación de la Auditoría Superior de la Federación, y que se mostrara su falta de confiabilidad al decir reconocer que hubo errores metodológicos, y con ello anunciar la emisión de nuevos resultados.
Detalló que a tres mes de que acontecieron dichos hechos, la Auditoría publicó recientemente los resultados, donde destaca una minuta donde constata la celebración de cinco reuniones de trabajo con el grupo aeroportuario, y que las cifras de costos erogados en la construcción del nuevo aeropuerto por la terminación anticipada de contratos fue de 113mil 337.7 millones de pesos, esto al corte del 31 de diciembre de 2019.
Murillo Reyes expresó que es reprochable que la administración federal no sea transparente en la utilización de recursos públicos, pues se tendría que hacer un estudio con auditores externos sobre el tema y que los responsables paguen las consecuencias, sin embargo no ha ocurrido.
