Luego de siete años de una misógina persecución política y de que los tribunales fallaron a favor de la activista en pro de los derechos de las mujeres, Iovana Rocha Cano, la actual administración de Guanajuato capital, deberá pagar por los errores y deficiencias jurídicas del gobierno de Edgar Castro Cerrillo.
En 2017, la administración encabezada por el priista, inició 3 procedimientos en contra de Iovana Rocha por presunto mal uso de recursos públicos (272 mil pesos) cuando se desempeñó como directora de la Dirección de Atención a la Mujer, lo que resultó infundado.
La mañana de este lunes, Iovana Rocha y su abogado, Víctor Hugo Rosales Espinosa, celebraron una rueda de prensa, donde informaron que ganaron de manera inobjetable, los 3 procesos.
El abogado informó que con el fallo de los tribunales a su favor, se iniciarán procedimientos para que el municipio pague las costas del juicio y buscarán que haya intervención de la Procuraduría de los Derechos Humanos en el Estado y que así como se difundió mediáticamente el proceso, de la misma manera se reconozca el error por parte de las áreas jurídicas de la administración municipal.
En su exposición el abogado señaló que “alguien tomó una decisión, no fue jurídica, estoy absolutamente seguro, porque no había nada para sustentar las acciones legales, lo único que hicieron fue ruido, para afectar a la persona y se hizo un uso indebido de recursos municipales y el resultado es que ninguna de esas acciones legales prosperó y en todas las instancias resulto vencedora la maestra Iovana”.
Debido a que el juicio se costeó con recursos públicos, la actual administración, encabezada por Alejandro Navarro Saldaña, “deberá repetir esa responsabilidad, está obligado, en contra de los funcionarios públicos que actuaron de manera indebida”, enfatizó.
Por su parte, Iovana Rocha, calificó los procesos en su contra como una persecución misógina y política por parte de Edgar Castro Cerrillo, de la cual no hay precedentes similares en la historia guanajuatense, según subrayó.
Iovana Rocha, expuso que la auditoría comenzó en el 2014, pero en el 2017 el ayuntamiento votó el inicio del procedimiento y ahora en el 2021, por cuestiones coyunturales, será esta administración la que deba hacer frente “a la irresponsabilidad de la toma de decisiones de la administración encabezada por el entonces priista Edgar castro Cerrillo”.
La activista señaló que “no existe antecedente en este municipio de la persecución como la de que sido objeto, una persecución política, valiéndose de los jurídico; una persecución brutalmente misógina”.
Dijo que el ayuntamiento 2015-2018, presentó de manera concurrente las tres denuncias, iban por multas, por inhabilitación e iban a tratar de encuadrar una serie de delitos de manera arbitraria y dolosa.
Finalmente, la activista indicó que esa persecución fue el resultado de la inconformidad del entonces alcalde, por su oposición a aprobar varios puntos de acuerdo emanados de la fracción priista en el Ayuntamiento, entre ellos el aumento al costo de los camiones de pasajeros.
