Muy relevante la forma y el fondo con que el presidente de la República pretende la incorporación institucional —aunque de facto ya opera desde el 2020— de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional porque permite hacer un balance sobre el supuesto proceso de militarización y riesgos que se abrirían para el futuro inmediato de la vida nacional, empezando por el mismo bloque de poder político alrededor de la autollamada “cuarta transformación”.
Esto es, vale la pena entenderlo en el plano discursivo, el operativo policial y el jurídico- político, porque todas estas aristas son las que habrá de enfrentarse quizá no en este sexenio, sino para quien llegará después del 2024.
La negación de la negación
Este “acuerdo presidencial”, más allá de la evidente debilidad legal y republicana con que se sustenta, confronta y contradice la bandera que han tenido varios grupos de izquierda sumados a la 4T sobre desmilitarizar la seguridad pública y esos llamados al ajuste de cuentas a los altos mandos de las fuerzas armadas por los crímenes y abusos cometidos en el pasado.
Contra sus convicciones y supuestos principios ideológicos, muchos de estos opositores a la militarización han tenido que echarse para atrás y justificar la decisión de su jefe máximo y tratar de entender el trasfondo de las decisiones de AMLO por darle mayor poder al Ejército y la Marina, que van desde la búsqueda de autoprotección ante el temor de un golpe militar (algo realmente imposible) hasta la necesidad de apoyarse en estos cuerpos armados para limpiar la corrupción y brincar la lentitud burocrática para avanzar en sus obras como el AIFA o el Tren Maya (claro, la corrupción ha estado presente y la ausencia de auditorías impiden visualizar la calidad de las obras).
Alfonso Durazo, a días de asumir la titularidad de Seguridad Ciudadana federal anticipó la relación con las fuerzas armadas será respetuosa y de colaboración, y anunció que “se presentará la iniciativa de ley que sienta las bases para el retiro paulatino del Ejército de las tareas de combate al crimen organizado”. Más aún, AMLO en calidad de presidente electo reiteró la oferta de una Guardia Nacional, en que se establecen los lineamientos para sustituir a militares por nuevos elementos de seguridad. Y así fue, pero no en el sentido de regresarlos a los cuarteles, sino en desmantelar dos experiencias del pasado: fin a la Policía Federal por tener el sello calderonista y también de la Gendarmería, por haber sido un bodrio penanietista que no dio ningún resultado.
Por otra parte, este tema también provoca a las oposiciones para que arremetan mediática, jurídica y políticamente contra el anuncio del pasado 8 de agosto, en discursos que van de lo predecible a lo ridículo, pues como gobierno, tanto PAN como PRI, fueron los principales promotores de la participación militar en las tareas de seguridad y de la intromisión de agencias estadounidenses en dichas tareas, provocando episodios tan vergonzosos como el que sucedió en agosto de 2012 en Xalatlaco; sin embargo, ahora son férreos detractores de la militarización y piden su regreso a los cuarteles.
De pronto se olvidaron de la Ley de Seguridad Interior que ellos promovieron y que no han sido capaces de retomarla, porque fue una demanda central de las fuerzas armadas. Dicha iniciativa enterrada la fase final del sexenio de Pea Nieto pudo funcionar como un mecanismo de presión para los gobiernos estatales que no hacen su trabajo o que de plano operan a favor de los criminales como ha quedado constatado una y otra vez.
El Proyecto Alternativo de Nación 2018-2024 presentado por MORENA, establecía originalmente, porque de pronto las versiones en internet ya están rasuradas, que «si el ejército mexicano continuara en las calles, sería necesaria una ley de seguridad interior, ya que no es factible que el ejército continúe realizando tareas de seguridad pública que no le corresponden sin un ordenamiento legal apropiado.»
Cambios cuantitativos en cualitativos
El General secretario de la Defensa Nacional Luis Crescencio Sandoval el 12 de octubre de 2020, en posición de firmes ante el comandante Supremo, es decir, el presidente de la República le expresó que para las fuerzas armadas de México que “no hay misión que los militares no puedan cumplir”.
Y desde entonces, militares y marinos han estado en las tareas de:
- Vigilancia y seguridad pública: ocupando todo el territorio nacional por tierra y aire, el combate al crimen organizado, la erradicación de enervantes, la protección de las fronteras, la contención de migrantes, inteligencia estratégica y táctica en operativos contra crimen de todas sus modalidades, vigilancia de aduanas, puertos, aeropuertos, cajee de armas de fuego, aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, seguimiento a grupos subversivos y terroristas, reclutamiento y entrenamiento de jóvenes del Servicio Militar Nacional, evaluaciones de controles de confianza, así como adiestramiento de cuerpos policíacos municipales, estatales y federales;
- Protección civil: vigilancia del territorio, mares y espacio aéreo nacionales para prestar labores de auxilio a la población en casos de desastres;
- Educación pública: reparación de escuelas, construcción de nuevos planteles, el resguardo, traslado y distribución de libros de texto gratuitos;
- Trabajo cívico y democrático: resguardo de papelería electoral y de las urnas electorales después de cada elección;
- Reforestación: la producción y siembra de árboles, ahora amplificada por el programa “Sembrando vida”;
- Desarrollo de infraestructura: la construcción de aeropuertos civiles (el AIFA y el de Tulum), la construcción de 2,600 sucursales del Banco del Bienestar, la construcción de dos tramos del Tren Maya;
- Desarrollo económico: son más de 26 instituciones que estaban bajo la dirección de civiles que ahora tienen representantes de las fuerzas armadas, manejando alrededor de 800 mil millones de pesos del presupuesto federal (12%), desde la constitución de empresas estatales a cargo de militares tanto de la construcción como de diseño de obras, además del control de las aduanas, de los puertos marítimos mercantes, la administración de aeropuertos y puertos mexicanos;
- Participación política electoral: no en forma abierta, pero sí en plan de experimentación se utilizó la franquicia del PES en el Estado de México para postular a militares en activo a cargos de elección popular y no se descarta que en futuros procesos tengan una cuota dentro de Morena como antes lo tuvieron en el PRI y el PAN.
El regreso de los militares a este tipo de política en México después más de 50 años de estar retirados, no sólo ha causado resquemor en ciertos círculos de México, sino que tampoco está siendo bien vista por los Estados Unidos y otros países. Nunca ha visto con buenos ojos que se les dé tanta participación a las fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad pública y menos que estén operando programas sociales y de vinculación política. Por eso la detención del general Salvador Cienfuegos fue leída como un llamado de atención al gobierno mexicano por parte del principal vecino, socio y aliado de la seguridad hemisférica.
Unidad y lucha de los contrarios
Cuando Andrés Manuel López Obrador fue jefe de Gobierno Distrito Federal, de 2000 a 2006, no llegó con la fuerza de los votos ni la legitimidad democrática incuestionable que le dio el país en 2018 que le dieron la oportunidad histórica de tener la mayoría absoluta en el Congreso de la Unión. No, ganó a contracorriente y su partido, el PRD, no tuvo la mayoría en la Asamblea Legislativa donde el PAN y el PRI, más sus aliados, habían acordado cerrarle el paso y evitar que creciera.
Por ello recurrió a 23 “bandos informativos” y otros memorándums que fueron una herramienta para evitar el tope legislativo de sus opositores en la ALDF. Hoy, como presidente de la República, Andrés Manuel, ante la resistencia de las oposiciones a aprobarle todas las iniciativas, ha recurrido a la figura de los memorándums en los que ordena acciones directas a sus secretarios de Estado, pero se fue más al extremo, al violentar la propia Constitución y al anunciar la figura de un “acuerdo presidencial” para trasladar jurídicamente a la Guardia Nacional a la Sedena (aunque operativamente desde su creación así lo está) que ya levantó polémica y ha puesto a todos a discutir si es viable y constitucional su decisión, por lo cual dejó en manos de la Suprema Corte resolverlo.
Delicado el momento y el anuncio porque además de la Guardia Nacional, en el Congreso Morena quiere agenda la reforma electoral que busca la desaparición del INE. Por ello, urge claridad e institucionalidad del primer mandatario y no mensaje de golpes de mano.
Es decir, viene una discusión larga y desgastante mientras la seguridad siendo un tema preocupante para la mayoría de los mexicanos como los hechos ocurridos la tarde del martes 9 de agosto en Jalisco y Guanajuato.
Por ahora, habremos de esperar a que se conozca bien a bien cuál el plan real del titular del Ejecutivo federal para consolidar el modelo operativo de su Guardia Nacional, que cada día se inclina más al espíritu de la doctrina de Seguridad Democrática colombiana, donde la Policía Nacional depende también de su ejército. De ahí que debamos ir leyendo con cuidado el mensaje de Gustavo Petro en rendición de protesta cuando anunció un reforzamiento a dicha doctrina, pero sin la supeditación e intervención que tenían las agencias estadounidenses desde la instauración del Plan Colombia.
Finalmente, hay que preguntarnos, ¿Por qué dar este espaldarazo a los militares en las tareas policiales cuando los responsables civiles de la seguridad pública están pensando más en asuntos político electorales como es el caso de Rosa Icela Rodríguez, en la CDMX, y Ricardo Mejía, en Coahuila? ¿Por qué ahora, cuando la semana pasada la SSPC de Rosa Icela fue encargada de liderar la Comisión Nacional Antihomicidio?
CORCHOLATERO: LAS IMPUGNACIONES DE MORENA de parte de los liderazgos, grupos y corrientes en los 300 distritos y antes de conocerse los resultados de la consulta de sus congresistas pinta para un pleito que llaman algunos “la implosión” del partido.
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