+ La gran duda: ¿Quién suplirá a Claudia?

+ Fuego amigo en la Cuarta Transformación

La semana pasada comentábamos que faltan menos de 17 meses para que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador concluya y que no habrá de descansar hasta el último minuto para dejar su huella y los candados suficientes para que, sea quien sea su sucesor desde alguno de sus partidos coaligados o incluso, en el lejano e hipotético caso de que pudiera triunfar la oposición.

Y no me refiero sólo a los mensajes de cerrar filas y casi de testamento político para las corcholatas oficialmente reconocidas, sino en las decisiones que va imponiendo pésele a quien le pese: el cierre de Notimex, la postergación para renovar al consejo del INAI y la solicitud para desaparecerlo, la resolución que tome la Suprema Corte sobre el traspaso operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Sedena, y sobre todo, tres paquetes de reformas económico-administrativas que habrán de continuar a partir del 01 de octubre de 2024 hasta el 30 de septiembre de 2030.

Se trata de una reforma administrativa que, en caso de ser aprobada en el actual periodo de sesiones, modificaría 23 leyes secundarias de la administración pública federal.

La otra una iniciativa de Ley Minera que cientos de comunidades han venido demandando desde hace décadas.

Y la tercera, que aún no se conocen sus líneas generales, una propuesta de reforma que plantea la separación de las funciones administrativas y jurisdiccionales del Poder Judicial. O sea: separar las administraciones públicas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal.

Por supuesto, las primera dos reformas, lejos de ser analizadas a fondo y que los ciudadanos, sectores productivos y socios comerciales puedan participar e incidir en algunos ajustes, están siendo vilipendiadas. Fallan algunos sectores del empresariado y analistas económicos de la oposición para exponer con claridad de qué se tratarían, pero también falla la Consejería Jurídica del gobierno de la República al no buscar un acompañamiento social para respaldar estas modificaciones constitucionales que requieren ser explicadas puntualmente.

Porque lo que se conoce hasta ahora hablan de la recuperación de la Rectoría del Estado para tomar decisiones de Estado, valga la redundancia, ante eventuales oposiciones inducidas o chantajistas (como la que ejercen algunos sindicatos, falsos ambientalistas o grupos de presión pagados por intereses oscuros) que impiden avanzar en obras públicas de trascendencia para todos, o ante fraudes, abusos o defectos de obras y servicios contratados por la administración federal y que, por cláusulas tramposas, terminan siendo pagadas por los impuestos de todos.

Sin embargo, sí, dicho paquete requiere ser revisado por todos los sectores productivos e incluso por los socios comerciales de México; un análisis a fondo y serio, para que  tampoco se restaure un modelo de absolutismo y arbitrario administrativo que quiera deshacer contratos ya pactados y, por ende, se genere un mensaje de incertidumbre a las inversiones de proveedores nacionales y extranjeros que quisieran trabajar para el gobierno mexicano de la próxima administración. Sí, una recuperación de la Rectoría del Estado, pero “ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre”.

La iniciativa de Ley Minera no debería tener oposición porque tiene un trasfondo más social, no como la que impulsaba hace diez años el entonces senador del extinto PRD Armando Ríos Piter, más al servicio de las mineras, pues ahora se busca detener los abusos y perjuicios al medio ambiente, como la contaminación del agua, por parte de las empresas nacionales y extranjeras que tienen concesionado más del 60 por ciento del territorio nacional, 120 millones de hectáreas, según informó el propio mandatario federal.

El tema de cambios administrativos en el Poder Judicial de la Federación, sin duda, esperaría también su turno para ampliar más diferencias y debate que tanto confronta a ministros y a los voceros voluntarios e involuntarios de la presidencia de la República.

Pero, como hemos reiterado, a la agenda de reformas económico-administrativas de la llamada Cuarta Transformación, le sigue faltando la principal, la más radical y más necesaria y que, sin duda, habría marcado un antes y después en la política económica: LA REFORMA HACENDARIA O REFORMA FISCAL INTEGRAL, más justa, más social, más equitativa, que permita a todos los sectores productivos participar en el pago de impuestos, pero también gozar de sus beneficios. Lo están haciendo gobiernos progresistas en Chile, Brasil y Colombia.

¿Y en México? Nada, porque nadie quiso confrontarse con los intereses de los factores de poder económico ¿Alguna corcholata o presidenciable opositor lo ha propuesto? No, porque cobrar impuestos no es un tema que venda electoralmente, aunque después del presente sexenio, al valorar la deuda pública, las obras comprometidas inconclusas y la repetrolización de la economía, entonces se darán cuenta de la necesidad de contar con más recursos para que el próximo sexenio tenga su identidad, su proyecto y su personalidad.

Gran duda: ¿Quién sustituirá a Claudia? Es lo que se preguntan entre los funcionarios y políticos colocados en el gobierno de la Ciudad de México.  Y a más de uno les da pavor pensar que sea Martí Batres quien asuma el cierre de la administración y, por supuesto, conduzca como jefe de gobierno interino la elección en la capital del país. Y es que quien “los divide adentro, los dividirá más desde arriba” y pondría en riesgo la victoria de Morena y sus aliados, eso confió una fuente de primer nivel.

Golpes bajos en MORENA. se están dando en varias de las entidades que renovarán gubernaturas, como en la propia tierra de AMLO y Adán, pues Pepín López Obrador y Javier May están queriendo sorprender a muchos para descarrilar a dos favoritos para asumir la candidatura: Rosalinda o César Raúl. Pero no es el único y en Chiapas también hacen ver los golpes bajo la mesa y fuera de ésta porque no todos quieren a Zoé Robledo.

Contacto: feleon_2000@yahoo.com