El espacio de Escipion

LA HERENCIA DE AMLO:  Políticas de seguridad, procuración y administración de justicia

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Bejaranismos, oportunismos y chapulines con Harfuch

Cumbre de Palenque

El 11-S marcó la política de seguridad tanto lo nacional como de seguridad pública.  El 7-10 de Israel podría marcar también los nuevos lineamientos a que deberíamos sujetarnos los demás países. Lo hemos dicho con anterioridad, a raíz de que el terrorismo de AlQaeda atentó contra los Estados Unidos, su espacio aéreo y sus fronteras, especialmente la de México, obligó a los narcotraficantes mexicanos a utilizar la frontera sur y desde entonces el ascenso de los capos mexicanos ha estado incontrolable.

Independientemente de qué efectos traerán los conflictos de Ucrania- Rusia e Israel-Palestina en materia económica y geopolítica, sin duda, habrá de esperarse más sobre los  impactos en políticas de seguridad nacional y seguridad pública de todo el mundo, por el tema del terrorismo que, por las señales hasta ahora recibidas, va para muchos años más de violencia. Y claro, esta será un tema que el próximo gobierno habrá de enfrentar con suma seriedad y cuidado.

Y es que hablando de la seguridad, una herencia maldita del pasado y que será la herencia maldita para el futuro es el crimen organizado de los cárteles de la droga mexicanos, los cuales, hoy por hoy, dos de éstos son los más poderosos de nuestro país y del mundo.

La seguridad fue de una de las banderas con las que Andrés Manuel López Obrador más ofertó en su campaña presidencial, pues consideró que con su pura aura de líder social y político podría convencer a los jefes criminales de detener la violencia y que sus programas sociales podrían recuperar el tejido social de grandes franjas de nuestro territorio.

Por supuesto, el aura no ha sido suficiente ni tampoco los vaivenes con que diseño su plan de acción. En principio, porque faltó a lo dispuesto en su proyecto alternativo de nación 2018-2024 y en lugar de retomar y mejorar la aprobada Ley de Seguridad Interior, que regulaba el papel de las fuerzas armadas en seguridad pública, optó por desecharla e impulsar una Ley de Guardia Nacional, primero civil y después buscando adscribirla a la Secretaría de la Defensa Nacional.

Actualmente la ley fue rechaza por la Corte por fallas en el debido proceso Legislativo. La Guardia Nacional, integrado en 70 por ciento por militares  y marinos que, de no ocurrir algo extraordinario en el Congreso, regresarían a su condición de civiles, por lo que marinos y militares que la integran podrían caer en la ilegalidad o retorna masivamente a sus cuarteles para no perder antigüedad. 

Y es que uno de los objetivos planteados y ofertados por dicho Proyecto era que hubiera un retorno paulatino de fuerzas armadas a sus cuarteles. No fue así y tanto marinos como militares han tenido a su cargo más de 15 funciones estratégicas de la administración pública, no precisamente en tareas de seguridad y protección civil, pues tienen la operación de empresas estatales de aeronáutica, trenes, parques temáticos y hoteles turísticos, además del control de aduanas y programas estrellas como “sembrando vida” o construcción de bancos y universidades de bienestar.

Los ejes torales de la política de seguridad pública y de la administración y procuración de justicia al arrancar la llamada Cuarta Transformación se cumplió en parte y en otras fracasó, y citamos:

  1. Cambiar la narrativa: no la guerra contra los cárteles, sí la pacificación del país. La cual se mantiene, para bien, porque en este terreno los medios e industrias culturales han dejado mucho qué desear al hacer apología del delito y construir la imagen de un capo multiasesino como la aspiración de toda persona con necesidad de escalar socioeconómicamente.
  • Sustitución de la policía federal por una guardia nacional, con un marco legal endeble por la poca seriedad de diputados y senadores para hacerle los ajustes y procedimientos, dejándola en la incertidumbre jurídica y operativa.
  • Combate a las finanzas del crimen, que sigue sin dar resultados tangibles, ni en la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda ni en las 33 unidades estatales. Pero eso sí, serios cuestionamientos a los dos titulares que ha tenido dicho organismo como Santiago Nieto, quien se pasaba de protagónico y de actuar con intereses político-partidistas, y Pablo Gómez, a quien la filtración de expedientes confidenciales y reservados del Estado para ser uno de sus deportes favoritos.
  • Arrebatarle los jóvenes al crimen no ha sido fácil, porque las becas escolares, nuevas universidades y programas como “jóvenes construyendo el futuro” han fallado en el seguimiento y no se han reforzado con nuevas acciones que impidan la alta tasa de criminalidad en este segmento: más de 5 mil en lo que va del sexenio, y un número no determinado de levantados forzosamente y desaparecidos. En el aire quedaron el proyecto de conscriptización (que obligada servicio militar a todo joven desde los 16 años) y otros programas.
  • La legalización de las drogas como la marihuana y la amapola no prospero como se esperaba y ahí sigue el debate. El primero sigue inconcluso y el segundo, de plano ya lo abandonaron (incluso, ya la amapola fue sustituida por las drogas sintéticas, provocando una crisis en las poblaciones amapoleras como las la sierra de Guerrero),
  • Una Fiscalía General de la República autónoma y eficiente, que quedó en entredicho, con un fiscal empeñado en sus asuntos y conflictos personales con los miembros del gabinete presidencial y hasta de su propia familia, por encima de los intereses del país. El resultado está a la vista, con casos como “La estafa maestra”, Ayotzinapa o “Lozoyagate” cayéndose.
  • Una Comisión Nacional de Derechos Humanos al servicio del pueblo, que incumple sus tareas elementales y, aunque su titular, Rosario Piedra Ibarra, recibe serios y duros cuestionamientos por omisiones e intromisiones inaceptables, ella presume logros y avances.
  • Poder Judicial de la Federación al que se comprometió respetar dentro de la división de poderes pasó al de la confrontación abierta, ubicando a la SCJN como el ente autónomo al que debe combatirse porque está integrado por quienes fraguan “el golpe de Estado blando”, según rezan sus coristas. La confrontación de poderes será una de las herencias con que lidiará la próxima titular del Ejecutivo federal y romper la previsible cadena de impunidad que esto provoca.

Letra muerta son algunos de los lineamientos del Proyecto Alternativo de Nación que eran “reducir al mínimo las reformas que el Ejecutivo deberá proponer al Legislativo para llevar a cabo sus acciones de gobierno, y una de las condiciones establecidas para todas sus propuestas es que se apeguen a la observancia de las leyes tal y como se encuentren redactadas en diciembre de 2018. Así sí, se asentó que los proyectos gubernamentales habrán de respetar la separación de poderes y la autonomía de los organismos autónomos del Estado y garantizar la certidumbre jurídica de todos los contratos vigentes, particularmente los derivados de las llamadas ‘reformas estructurales’, las cuales, desde luego, serán sometidas a evaluación para determinar si cumplen o no con los propósitos establecidos en su argumentación.”

Esta es una herencia maldita que habrá de revisarse, ajustarse y con humildad, cambiar lo que no ha fallado.

Porque una cosa es la visión feliz de Luisa Alcalde, quien dice que no se tiene que cambiar la política de seguridad porque da resultados. Quizá refiriéndose a que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) reportó que el número de homicidios en México en los primeros tres trimestres de 2023 disminuyó un 3.1%.  Sin embargo, en lo que va del sexenio y a casi un año que éste termine van más de 168 mil homicidios, por encima de los dejados por Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Vicente Fox… y más para atrás

Hablar de la seguridad no es nada fácil para un país que desde 1993 es azotado por la violencia del crimen organizado empezando con asesinatos de alto impacto, como políticos y un candidato presidencial, hasta llegar a la situación actual, en que grupos delincuenciales prácticamente tienen tomadas regiones enteras, amenazados a la mayoría de los ciudadanos y, como viene ocurriendo en las últimas elecciones, comienzan a asesinar a políticos en activo.

A pesar de todo ello, sus limitaciones y fracasos, la seguridad pública se ha convertido en una plataforma para posicionarse política y electoralmente. Ahí está el primer secretario de Seguridad federal, Alfonso Durazo, despachando como gobernador y como árbitro de los presidenciables de Morena. Y ahora, tenemos a Omar García Harfuch, compitiendo para pasar de jefe de la policía a jefe de Gobierno, como todo un Marshall o Sheriff texano. Inaudito, inconcebible e inadmisible.

+ Bejaranismos, oportunismos y chapulines con Harfuch… Muy pronto el matrimonio de René Bejarano y Dolores Padierna encontraron reacomodo luego de que estuvieron simulando apoyar a Clara Brugada. Buscarán con ex jefe policiaco tener postulaciones privilegiadas como las que tuvieron en 2021 y que todas las perdieron. No son los únicos, ahora grupos sociales demandantes de vivienda están patinando y apresurándose a pasar lista con el autollamado Batman bajo promesa de apoyos cuando sea el ungido. Oportunismo y chapulinismo sin ideología, sólo pragmatismo que se contrapone a lo dictan los principios morales de Morena, su partido.

+ Cumbre de Palenque … A 1,781 días de que AMLO deje la Presidencia de México, en un último esfuerzo por unir a América Latina ha convocado a una cumbre, en el municipio donde está su rancho “La Chingada” y abordar el tema de la crisis migratoria. Algo bueno debe salir, porque este fenómeno no se apagará en el corto plazo.

Contacto: feleon_2000@yahoo.com