Guanajuato, Gto. Son más de ocho años en los que la inseguridad, amenazas y la falta de respaldo por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno, dejan en el limbo a los centros de rehabilitación, acusó Nicolás Pérez Ponce, encargado de Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío.
“No acostumbramos a vivir con muchos temores, porque esta noche que nos traemos ya tiene un poquito más de ocho años”.
Dijo que desde comienzos de la administración de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, pidieron su apoyo para regular estos espacios, con el objetivo de atender a personas que tienen alguna adicción. Ahora llama a la gobernadora, Libia García Muñoz Ledo, a atenderlos, visibilizar su situación y que se les apoye.
Comentó que son varios casos registrados en los últimos años, donde han dejado a decenas de personas muertas dentro de los conocidos anexos.
Consideró que la falta de apoyo se ha dado por el temor de las autoridades a intervenir, sobre todo en el ámbito municipal o desde las jurisdicciones sanitarias, a quienes se solicita respaldo, pero al conocer las zonas o lugares donde están instalados, prefieren no intervenir.
“Las autoridades no se quieren meter, esa parte no la tocan, yo de hecho estuve en la Jurisdicción 8, en León, y le hice un comentario a una supervisora de que por qué no va a visitar a un grupo y dijo no porque tienen miedo, nosotros también lo tenemos pero nos empujan más los sentimientos de la familia”.
Nicolás Pérez reconoció que el principal problema es la regulación de los espacios, donde se solicita el uso de suelo, sin embargo, dijo que han enfrentado obstáculos para obtenerlo, porque existe la exigencia de certificaciones por parte de instancias como la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y la Comisión Nacional contra las Adicciones (CONADIC)
Dijo que, al cumplir con estos requisitos también se elevarían significativamente los costos de operación, afectando principalmente a personas de escasos recursos que dependen de estos servicios.
“El costo hacia las personas que ocupan de estos servicios aumentaría porque, por ejemplo, COFEPRIS, me obliga a yo tener un médico 8 horas. Tener un psiquiatra tener una enfermera y los afectados siempre van a ser las personas que acuden por la atención”, añadió.
Advirtió que el cierre de estos centros, sin ofrecer alternativas por parte del gobierno, dejaría sin atención a una población vulnerable, en su mayoría personas con problemas de adicciones y antecedentes legales.
Los Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío (CRUB) agrupan a 180 asociaciones y centros de rehabilitación, que brindan atención a cerca de un millón de personas en proceso de recuperación, según dijo.
En el año 2022, se realizaron homenajes y exigencias de justicia por familiares de 34 personas asesinadas en un anexo en Arandas, Irapuato, en hechos previos.
“Recordemos el ataque que hubo donde hubo 34 personas desvividas, 27 murieron en el lugar y siete murieron en el hospital. Entonces de ahí fue donde empezaron como una cacería de brujas hacia nosotros”, señaló.
Mientras que en el municipio de San José Iturbide, en el año de 2025, 12 personas murieron y seis resultaron heridas debido a un incendio en un anexo, donde los internos estaban bajo llave. En el mismo año, en Dolores Hidalgo, hombres armados irrumpieron en el anexo Alfa Fortaleza AC, asesinando a tres personas encargadas del lugar.
En lo que va del 2026, un grupo armado atacó el centro de rehabilitación «Los Marginados» en la colonia Aviación del municipio de San Felipe, resultando al menos dos personas fallecidas y seis lesionados graves. Son solo algunos de los ejemplos de violencia, dijo.
Para atender a este sector, el grupo parlamentario de Morena anunció que presentarán la iniciativa para crear la Ley para Prevenir y Atender las Adicciones en Guanajuato.
La propuesta contempla más de 40 artículos destinados a regular la operación de los centros de rehabilitación, el consentimiento informado para el internamiento, así como las obligaciones y competencias de las distintas autoridades.
