Guanajuato, Gto. Ante la propuesta de reducir el número de alumnos por aula de 35 a 25 estudiantes, el subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Aldelmo Emmanuel Israel Reyes Pablo, reconoció que la medida implica retos de infraestructura y planeación, particularmente en planteles que actualmente no cuentan con espacios suficientes.
Consideró que los cambios demográficos podrían favorecer una reducción natural de la matrícula escolar durante los próximos años.
“Es un poco complicado. Se está revisando, pero hay cosas interesantes respecto al tema. La pirámide poblacional ya cambió. Realmente ya no estamos teniendo como país más nacimientos”.
Explicó que en un periodo de cinco a diez años podría registrarse una disminución en el número de estudiantes, lo que permitiría avanzar hacia grupos más pequeños sin que necesariamente se requiera construir una gran cantidad de nuevas aulas.
Añadió que una educación con grupos más reducidos podría contribuir a mejorar la atención individual de los estudiantes.
“Mientras más personalizada pudiera hacer la educación, obviamente sí el tema de calidad puede verse beneficiado”.
En materia de derechos humanos y protección de estudiantes, el subsecretario aseguró que las autoridades cuentan con protocolos para actuar ante cualquier señalamiento o presunta conducta inapropiada por parte de un docente.
Cuando existe una acusación entre un alumno y un profesor, explicó, una de las primeras medidas consiste en evitar que ambas partes mantengan contacto mientras se determina lo ocurrido.
“Si alguien sí actúa inapropiadamente, no tendría por qué seguir dando clases, también debe respetarse la presunción de inocencia y llevar a cabo las investigaciones correspondientes”.
Como parte de los protocolos, explicó que el docente puede ser separado temporalmente de sus actividades frente a grupo y realizar labores a distancia mientras se desarrolla la investigación.
La intervención puede involucrar a distintas dependencias, dependiendo de la naturaleza y gravedad del caso, entre ellas organismos de derechos humanos y autoridades encargadas de procuración de justicia.
Recalcó que el objetivo inicial es proteger tanto al estudiante como al profesor mientras se esclarecen los hechos.
“Si hay una presunción inmediatamente, lo primero que se tiene que hacer es separar a ambas partes y eso nos obliga a que se cambien las actividades”.
Entre las medidas posibles mencionó cambiar de grupo al alumno, asignar a otro maestro para impartir la materia o separar temporalmente al docente de sus actividades frente a los estudiantes.
Lo anterior resaltó tras el caso de un maestro de secundaria en el municipio de Acámbaro que fue captado en video realizando acciones presuntamente impropias con los alumnos, lo que generó que se le separara del cargo inmediatamente y se abriera una investigación.
