Carlos Olvera
Guanajuato, Gto. 25 de agosto de 2010.- El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso estatal, Gerardo Trujillo Flores, aseguró que se han malinterpretado varios de los aspectos que contendrán las reformas a la Ley Procesal Penal como son las intervenciones telefónicas y los localizadores.
En entrevista en el Centro de Convenciones de la entidad, el diputado manifestó que la población no debe olvidar que estas modificaciones a la ley no entrarán en vigor al día siguiente, además de que se revisarán a profundidad, para evitar abusos.
“Se ha malinterpretado la parte de la intervención de los teléfonos y demás porque es parte de un proceso judicial y para poder llegar a ese punto hay que tener una orden de un juez o una intervención de una autoridad judicial para poderlo llevar a cabo y obedecerá también a circunstancias especificas”, enfatizó el también coordinador de la bancada panista.
Eso quiere decir que no en cualquier momento se podrá hacer una intervención telefónica ni en todos los casos se pondrán localizadores o grilletes electrónicos, explicó Trujillo.
Dijo que en este momento “se está revisando la parte del dictamen y del proyecto de decreto, pero en la exposición del Pleno se harán los comentarios correspondientes de estos temas”, advirtió.
Para que quede constancia de la consulta dijo que en su análisis han participado los colegios de abogados, penalistas, la academia y asesores del Congreso del estado.
Cabe mencionar que en sesión de pleno del próximo jueves el Pleno votara la Ley Procesal Penal.
Por otra parte, Trujillo Flores aclaró que el próximo 31 de agosto termina el periodo de sesiones y antes de esta fecha se podría revisar y dictaminar la iniciativa presentada por el Ejecutivo el viernes pasado, para atenuar las penas de 6 mujeres encarceladas por el delito de homicidio en razón de parentesco.
“El tiempo yo no lo puedo determinar porque dependerá mucho del proceso judicial que ellas sigan luego de la publicación”, explicó el legislador.
Detalló que lo que le corresponde al Legislativo “es revisar el marco legal y el Estado tendrá que hacer la publicación también pertinente y entiendo también que ellas tendrán que hacer una solicitud, un proceso jurídico para apegarse al artículo 14 constitucional una vez que se publique la reforma en el código penal”.
