Carlos Olvera
Guanajuato, Gto. 6 de agosto de 2010.- El secretario de Seguridad Pública, Miguel Pizarro Arzate, será llamado a comparecer ante la comisión del rubro del Congreso del Estado luego del escándalo que causó la exposición de 4 reclusas acusadas de homicidio en grado de parentesco, ante los medios de comunicación, en el Cereso de Puentecillas.
El presidente de la Comisión, Miguel Ángel Chico Herrera, anticipó que se reunirá con el titular de la dependencia y le pedirá un informe sobre la situación de las mujeres que abortaron y ahora purgan una condena de hasta 30 años de prisión.
De hecho, el diputado priísta consideró que el tema que ha estado hace ya varios días en el debate público a nivel nacional, principalmente en el Distrito Federal, donde se han dado manifestaciones de organizaciones civiles de defensa de las mujeres, para exigir justicia para las mujeres encarceladas acusadas de abortar, “se le salió de las manos al gobierno estatal”.
Dijo que seguramente lo que pretendió el gobierno estatal “fue montar un escenario” para contrarrestar la postura que han expresado organizaciones civiles, legisladores y líderes de opinión, que han demandado que se haga justicia a “las encarceladas de Guanajuato”.
“Hay protestas de mujeres en Veracruz y en otros lados; se ha comentado mucho a nivel nacional, incluso tengo entendido que organismos de Derechos Humanos a nivel internacional van a intervenir”, añadió Chico Herrera.
Ante las versiones que han surgido en este tema, son casos “que se tienen que revisar; se tiene que analizar a fondo cada uno de los expedientes de las acusadas que están, alega el gobierno, presas por homicidio en razón de parentesco”.
Pero también está la otra versión que se ha estado difundiendo “que están detenidas por motivo de aborto”, añadió el diputado.
