Carlos Olvera
Guanajuato, Gto. 24 de febrero de 2011.- Raquel Barajas Monjarás, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del estado, advirtió que en el escenario actual no se puede garantizar que el magistrado que estudia el caso de los tres mineros detenidos por el delito de despojo agravado, vaya a reclasificar el delito o les permita la libertad.
De hecho no se tiene muy claro si las demás órdenes de aprehensión que giró un juez luego de la denuncia ante el Ministerio Público por parte de la empresa canadiense Gammon Gold y que le toca cumplimentar a la Procuraduría de Justicia de la entidad, quedarán sin efecto una vez que la empresa les otorgó el perdón como uno de los acuerdos para levantar la huelga. En esas medida, “no sabemos si se vayan a cumplimentar o estén en proceso de cumplimentación por parte de la Procuraduría y a partir de eso se tendría que analizar cada caso concreto”.
En este sentido la magistrada presidenta indicó que “la cumplimentación de las órdenes de depende precisamente de la procuraduría, porque ellos son los que tienen que cumplimentar las órdenes de aprehensión, pero habrá que ver si estas otras 4 órdenes de aprehensión también son por despojo agravado o no”.
A pregunta expresa de a quién le correspondería decidir si en este caso de las órdenes de aprehensión pendientes, procede o no el perdón otorgado por la empresa, Barajas Monjarás precisó que “al poder Judicial le corresponde decidir si procede o no, pero de estas personas cuya orden de aprehensión está girada habrá que ver si la averiguación se les abrió por despojo simple o agravado para poder tomar la decisión”, sostuvo.
Cabe señalar que en hasta la tarde de este jueves, algunos familiares de Juan Andrés Villa Licea, presidente del comité de huelga de la sección 142, de El Cubo, Martín Reina, vocal del consejo de vigilancia, y Jorge Ramón Monsiváis, detenidos en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Puentecillas en la capital, seguían a la espera de noticias sobre la posible liberación de sus detenidos.
