Carmen Pizano
Guanajuato, Gto. 09 de febrero de 2011.- Es un hecho, el nuevo sistema de justicia penal acusatorio comenzará a funcionar el primero de septiembre de este año en varios municipios del norte de la entidad, entre ellos la capital.
Luis Gerardo Gutiérrez Chico, presidente de la Comisión de Justicia en el Congreso del Estado, comentó que en la Subcomisión de Normatividad trabajan en la reforma a varios códigos de la Constitución para que antes de agosto esté todo listo para la aplicación de los juicios orales.
El legislador priísta dijo que se tiene que hacer un estudio integral al Código penal para adecuarlo al nuevo sistema de justicia que se implementará de manera paulatina en Guanajuato.
“Hay que adecuar todas las leyes para que arranque, para estar en condiciones de que en septiembre avance esto, queremos que en agosto el nuevo sistema sea difundido para que la sociedad lo vaya reconociendo”.
Además señaló que también tiene que hacer modificaciones integrales a la Ley Orgánica de la Defensoría de Oficio, porque las atribuciones de los abogados cambiarán completamente.
Gutiérrez Chico confió en que Guanajuato no presente inconsistencias en el nuevo sistema de justicia como le sucedió al estado de Chihuahua que fue el primero en implementar los juicios orales en México.
El presidente de la Comisión de Justicia del Congreso señaló que los elementos policiacos jugarán un papel determinante en el nuevo sistema de justicia penal acusatoria, por lo que es necesario capacitarlos en el tema. El diputado aseveró que es un hecho que Guanajuato cuente con un mando único de policía, pero habrá que esperar las reformas constitucionales correspondientes a nivel federal.
“La preocupación sobre todo es con la policía porque es la que más va a investigar, va a jugar un papel determinante y si no hacen bien su trabajo es cuando la sociedad ve los errores, la capacitación es urgente”, manifestó.
Durante la sesión de la Subcomisión de Normatividad se acordó un calendario de trabajo para que cada poder: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial trabajen en las reformas a las Constitución local.
