Carmen Pizano
Guanajuato, Gto. 13 de mayo de 2011.- El gobernador Juan Manuel Oliva Ramírez encabezó la toma de protesta de los funcionarios estatales que conforman el Consejo Estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
El Consejo, presidido por el Secretario de Desarrollo Social y Humano, Miguel Márquez Márquez, tiene 120 días para crear el reglamento para incluir a las asociaciones civiles que luchan a favor de las mujeres.
En entrevista con el funcionario estatal, éste afirmó que el Consejo será incluyente y la convocatoria será abierta para todas las asociaciones que quieran formar parte de este organismo que busca defender a las mujeres.
“Vamos a buscar la regionalización porque las mujeres del norte del Estado no tienen la misma problemática que las del sur o las del corredor industrial, por eso es que tiene que haber un consejo plural, incluyente con las diferentes expresiones de las mujeres en el Estado”.
Durante el acto, el gobernador Juan Manuel Oliva señaló que la violencia “es un veneno que corrompe y destruye los lazos de nuestra sociedad y solo trabajando juntos lo podremos detener”.
Además de la Secretaría de Desarrollo Social, también participan dependencias estatales como la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Seguridad, la de Salud, la de la Gestión Pública, la Secretaría de Educación, el Instituto Estatal de la Mujer, la Procuraduría de Justicia, el Sistema DIF estatal, el Instituto de la Juventud y la Procuraduría de los Derechos Humanos.
En su discurso, el gobernador destacó que el Instituto de la Mujer ha atendido a 140 mil mujeres, 800 por ciento más que durante la anterior administración. Asimismo comentó que el DIF estatal ha brindado 2 mil 712 asesorías en materia legal y psicológica a mujeres maltratadas.
El Consejo Estatal para la prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres forma parte de los compromisos que se tienen con la creación de la nueva Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que fue aprobada por el Congreso del Estado a finales del año pasado.
