El informe 2011 de las Naciones Unidas sobre el Índice de Desarrollo Humano (IDH) en México, ubica a Guanajuato en tablas con respecto al anterior reporte, que data del 2008: ni para atrás ni para adelante.
Guanajuato se quedó en el lugar 22 de esta medición del 2011, que revisa condiciones de acceso a servicios básicos y calidad de vida elementales: salud, educación, vivienda, recursos públicos y programas gubernamentales destinados al desarrollo social en su más sentida acepción… Para que se entienda, porque luego los políticos y funcionarios confunden el discurso gana-votos con las políticas dedicadas a que una familia viva mejor.
Pero para quienes pueden pensar que no pasa nada si el estado se queda en el mismo sitio de la medición del 2008, va la dedicatoria. Porque la ONU concluye, entre otras cosas, que en México no se ha logrado combatir con eficacia la desigualdad, la inequitativa distribución de la riqueza. La injusticia social, pues.
Los recursos públicos destinados al campo, por ejemplo, se entregan o se otorgan en forma de apoyos y programas sociales con criterios que benefician a propietarios de grandes extensiones o productores a gran escala, en un esquema que, por ende, deja desprotegidos a los cientos de miles de pequeños agroproductores de este país y de este estado.
Como si estos campesinos no estuvieran lo suficientemente pobres y olvidados del Estado, ya de por sí.
Los recursos públicos que se destinan a la educación no llegan a mejorar las aulas, los mesabancos o pupitres y los materiales con los que estudian los alumnos de las escuelas públicas más necesitadas de este país, muchas de las cuales están en ruinas. Nada más es cosa de verlas por todos lados, a lo largo y ancho del país y del territorio guanajuatense.
La distribución de los recursos públicos supuestamente destinados al desarrollo social amplía la brecha en lugar de reducirla.
Bueno, el informe también aclara que en algunos casos es difícil hacer el análisis de las estadísticas o mediciones sociales…porque no las hay, porque hay gobiernos que no se preocupan ni se ocupan en elaborarlas y difundirlas o hacerlas públicas.
Ya mero.
En la misma posición están los municipios… o peor. Si andan rascando aquí y allá para contratar más policías (de preferencia, sin tocar los sueldos de alcaldes y miembros de los ayuntamientos), casi nadie se ocupa de estructurar programas y mediciones para saber si en verdad, de verdad, los gobernados viven un poquito mejor, no por el puente peatonal que deja más dinero en términos de obra pública (se entiende el mensaje, ¿verdad?), sino en términos de que las familias dejen de vivir en un terreno irregular con casa de láminas y los salarios pasen de un mínimo.
Saúl Arellano, investigador del CEIDAS (Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social) publicó recientemente una revisión de este informe del Índice de Desarrollo Humano, y soltó un dato revelador:
En los últimos años, las remesas enviadas por los trabajadores migrantes en el extranjero a sus familias en Guanajuato representan una cifra diez veces mayor que la que el gobierno del estado ha destinado a los programas para combatir la pobreza.
Como escribió Arellano: el dinero de los migrantes ha servido para hacer la tarea que los gobiernos no han hecho.
Porque no han querido… o porque no han podido.
