Carmen Pizano
Guanajuato, Gto. 19 de julio de 2011.- Las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia del Congreso del Estado, aprobaron la Ley para la Administración y Disposición de Bienes relacionados con hechos delictuosos.
En entrevista en el Congreso local, el diputado Francisco Mijangos Ramírez comentó que con esta propuesta, la Procuraduría de Justicia podrá administrar los bienes incautados al crimen organizado, pero tendrá que rendir cuentas al Legislativo sobre las condiciones y uso que haga de los bienes.
El diputado panista señaló que se creará una unidad que será la encargada de administrar los bienes que se incauten al crimen organizado.
“Ellos configurarán una estructura básica para poder darle la atención y asegurarse de que esos bienes tengan el destino que es para el fortalecimiento de las tareas de la procuración de justicia”.
“Hoy lo que se hace es darle una reglamentación; hay figuras muy tradicionales de las que provienen bienes que administra la Procuraduría que son todos los bienes que se incautan durante los procesos penales. Eso ya lo tiene; pero ahora viene un capítulo nuevo con la figura de la extinción de dominio”, agregó el legislador.
Por su parte, Eduardo López Mares comentó que con esta ley se pretende que todos aquellos bienes como vehículos, casas, dinero, joyas y terrenos provenientes del crimen organizado pasen a formar parte del gobierno del estado a través de la Procuraduría General de Justicia.
Agregó que los bienes decomisados se utilizarán principalmente para mejorar la infraestructura de las diferentes instancias de seguridad del estado, así como capacitar y proteger a elementos policiales.
López Mares enfatizó que con este fondo se mejorarán las condiciones sociales de los trabajadores así como a sus propias familias.
“Va a generar que todas las personas a las que le han sido decomisados o retenidos bienes que tienen origen ilícito, en su momento pasen a formar parte de Gobierno del Estado”.
“Se van a destinar para infraestructura, para que la Procuraduría pueda llevar a cabo avances para mejorar agencias del ministerio público, las subprocuradurías, dotar a los elementos de seguridad de la seguridad social que se requiere, por ejemplo los ministeriales que caigan en su función, pues que de este fondo se le pueda proteger a su familia”.
La ley propuesta por el Ejecutivo estatal que aprobaron las Comisiones Unidas, subirá el primero de agosto al Pleno del Congreso del Estado para que sea votada por los 36 diputados locales.
