Carmen Pizano
Guanajuato, Gto. 13 de octubre de 2011.- La diputada panista Leticia Villegas Nava pidió la salida de Alicia Muñoz Olivares de la Comisión de Hacienda y Fiscalización, con el argumento de que violó la Ley de Acceso a la Información Pública al filtrar información a los medios de comunicación sobre un dictamen de la Comisión que se tenía como reservado.
Después de las declaraciones que hizo Muñoz Olivares donde dio a conocer que Eduardo Hernández Barrón recibió en el 2010 un millón 700 mil pesos por dejar su cargo de magistrado en el Tribunal Estatal Electoral, Leticia Villegas acusó a la diputada priista de utilizar su cargo para “buscar su propia promoción con lucro electorero”.
Villegas Nava dijo que su compañera legisladora violó el artículo 14, fracción 10 de la Ley de Acceso a la Información al revelar algunos detalles del dictamen de la Comisión de Hacienda que tendría que haberse votado en la sesión de Pleno de la semana anterior, pero por “trámites parlamentarios” lo pospusieron.
El dictamen contiene los resultados de la revisión practicada a la cuenta pública del Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato por el periodo correspondiente al primer y segundo trimestre del ejercicio fiscal 2010, que practicó el Órgano de Fiscalización Superior, donde se señala que Eduardo Hernández Barrón, quien actualmente es el titular del Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado (IACIP), recibió al menos 500 mil pesos que no le correspondían como parte de su liquidación.
“El valerse de un cargo para obtener información reservada y hacerla pública lesiona a nuestra institución, amén del daño que se causa a la dignidad de las personas que son objeto de escaneo público por el acto de la legislatura… determinando la remoción de la diputada de la Comisión”.
Como respuesta, Alicia Muñoz afirmó que al enlistar en el orden del día el dictamen ya es información pública.
La legisladora priista, quien tiene poco menos de tres meses de haber llegado a la Comisión, en sustitución de su compañera de bancada, Claudia Navarrete, pidió que sea la sociedad guanajuatense la que juzgue su sanción.
“Considero que los guanajuatenses son los que me tienen que juzgar, yo no dañé la imagen de ninguna persona, los actos están consignados, los hechos están consignados en documentos del Órgano de Fiscalización y repito, quien me quiera sancionar y callar tendrán que ser los guanajuatenses porque a ellos nos debemos”.
Al debate también se sumaron el diputado del Partido Verde Ecologista, David Cabrera, y el panista Francisco Mijangos para reprocharle a la legisladora priista que haya filtrado información reservada.
