¿De qué sirve confesarme, si no me arrepiento?

Michael Corleone en El Padrino III

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Una demanda multitudinaria (miles de personas la suscriben) fue interpuesta en contra del presidente Felipe Calderón, Mandatario de este país, ante la Corte Internacional de La Haya, para que sea procesado por las consecuencias de una fallida estrategia contra el narcotráfico y la delincuencia organizada durante su sexenio en extinción.

En respuesta, el gobierno de Calderón anunció que estudia las posibilidades legales de proceder contra quienes calumnian, difaman y cuestionan su citada estrategia porque ese actuar daña a México y afecta el trabajo de las instituciones y la imagen del país ante la comunidad internacional.

¿No que juró cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan, y si no, que la Nación se lo demande?

Oh pues, quién entiende al Presidente?

Por principio de cuentas, que se vaya preparando su antecesor, el ex presidente Vicente Fox Quesada, con asesores legales, equipo jurídico y defensores.

Claro, Fox tendría que ser el primero en la lista de los demandados. O de “las acciones que está estudiando” el gobierno de Calderón.

Y luego, la lista de organismos y especialistas que desde el ámbito internacional han señalado como “fallida” la estrategia presidencial en contra de los grupos delictivos de alto nivel —por decir lo menos— que están más fuertes, más armados y más diversificados en sus fuentes de financiamiento ilícitas (y con la manita de algunos políticos y empresarios corruptos) que nunca.

Uno. Fueron 23 mil ciudadanos mexicanos quienes firmaron la demanda ante la Corte Penal Internacional, misma que va en contra del presidente Calderón, pero también de los secretarios de Seguridad Pública (el inefable director de escena Genaro García Luna) y los de Marina y la Defensa, así como del narcomillonario más buscado, Joaquín “El Chapo” Guzmán.

A todos, por delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra, que suman cerca de 50  mil; por los miles de desaparecidos en el sexenio también agonizante.

Dos. El gobierno federal anuncia que estudia la forma en que procederá contra quienes lo difaman por llamarle guerra… a la guerra.

La vocera Alejandra Sota salió hoy a aclarar que en realidad se estudia el proceder jurídico para que tanto el presidente como los otros demandados puedan defenderse puesto que se está atacando su honra e integridad por todo lo que sirven al país. “El presidente tiene derecho a defenderse”.

(¿La asesoría legal irá también para el Chapo? Nomás pregunto).

El tema se ha ido a las redes virtuales (me choca el término de “redes sociales” porque sólo socializamos el aislamiento y el desahogo cibernético) y ahí todo el mundo está opinando.

Allá y aquí, creo que en principio el presidente Calderón y sus colaboradores abren un nuevo frente de conflicto con claros visos de autoritarismo, una nueva guerra, ahora en contra de quienes formalmente, judicialmente, han expresado su rechazo a su estrategia… porque ya se lo dijeron de todas las maneras y no escuchó. En contra de 23 mil ciudadanos mexicanos.

Y luego, tendrían que replantear su litigio como un caso de hostigamiento o maltrato laboral como trabajadores, en contra del patrón.

El presidente es un Mandatario. Es mandado por todos los mexicanos.

Él es quien no escucha a quienes lo Mandatan.

Él es el empleado.

Y si no, pues que vaya a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, donde le obsequiaron el fallo para que los mexicanos no podamos conocer cada una de las boletas de la elección presidencial del 2006.

Tal vez lo reconsidere cuando se entere, como todos los mexicanos, del asesinato vil, terrible, impune, de don Nepomuceno Moreno, activista de Sonora que desde su trinchera y posteriormente desde el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad denunció y pidió justicia por el homicidio de su hijo, quien fue secuestrado por policías.

A  Don Nepomuceno le habían advertido que ya no le buscara.

A don Felipe, 23 mil mexicanos le dicen por escrito: “ya no le busque”.

Tal vez lo piense mejor.