Carlos Olvera
Guanajuato, Gto. 14 de marzo de 2012.- Ante Palacio de Gobierno y frente al Congreso, un grupo de manifestantes de Valle de Santiago demandó la intervención del gobierno estatal y el envío de elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública a fin de que les devuelvan alrededor de 50 hectáreas que integrantes del Movimiento Antorcha Campesina les quitaron.
Serafín Gutiérrez González, asesor legal del grupo de quejosos, indicó que desde 2009 tienen una sentencia a su favor que les devuelve la posesión de las tierras, sin embargo el gobierno estatal no ha enviado a las Fuerzas de Seguridad Pública para sacar a los invasores.
Añadió que por eso están pidiendo la intervención del papa Benedicto XVI, “porque ya perdimos la fe en las instituciones”, señaló. “Por eso le estamos pidiendo apoyo al Papa porque aquí se vive en la orfandad institucional, la fe se pierde después de 3 años de estar pidiendo que se aplique la ley”, enfatizó.
Serafín Gutiérrez indicó que el problema de la invasión data de 2008, cuando integrantes de Antorcha Campesina invadieron los terrenos, presuntamente con la finalidad de hacer casas. En ese momento se interpuso la demanda que se consignó al juzgado, que después de ventilar todo el juicio dictó sentencia condenatoria en 2009.
En ese sentido aseveró que la sentencia “los condenó a reparar el daño, consistente en restituir los bienes invadidos, que son 50 hectáreas y que afecta a 100 familias; la sentencia se encuentra firme después de pasar por las apelaciones, los amparos y ha quedado firme la sentencia”.
De acuerdo con el relato del asesor legal, desde 2009 el juzgado ha estado pidiendo fecha, día y hora para que se efectúe la restitución y no se ha llevado a cabo “porque gobierno del estado no ha proporcionado la fuerza pública correspondiente, argumentando que tiene mucho trabajo, que no tiene los suficientes elementos, que la delincuencia organizada, etcétera; así ha venido respondiendo”.
Mencionó incluso que la juez ya no está pidiendo fecha sino preguntando cuándo van a intervenir, y no ha habido respuesta alguna por parte del gobierno estatal, “bajo el argumento de que están estudiando el caso y diseñando una estrategia, pero no ha habido nada desde el 2009, violentando todas las garantías individuales de los propietarios”, añadió.
