Carlos Olvera
Guanajuato, Gto. 26 de julio de 2012.- José Cruz Hernández, contralor municipal de León, informó que durante la actual administración, la dependencia instruyó la baja de 48 funcionarios públicos por recomendación y de 23 porque se les fincaron responsabilidades en algunos casos por incurrir en actos de corrupción.
El contralor leonés, al hablar del cierre de la administración del alcalde Ricardo Sheffield, presumió que fueron el primer municipio que instituyó la Comisión de entrega-recepción, en el estado.
Con relación a las cifras de cierre de la administración, manifestó que la contraloría emitió cerca de mil recomendaciones, en su mayoría de control interno, aunque también se presentaron casos que debieron sancionarse con rigor.
En este sentido, Cruz Hernández explicó: “48 servidores públicos fueron cesados por recomendación, 23 por proceso de responsabilidad, al cometer principalmente abuso de autoridad, muchos de ellos terminaron con procesos de destitución e inhabilitación”.
A pregunta expresa acerca de la corrupción como una de las razones que motivaron las bajas, que según dijo se dieron en todos los niveles, concedió que así fue y como ejemplo mencionó la salida de los directores de Desarrollo Urbano y Mercados. Además indicó que el trienio, cerrará con la aplicación de cerca de 700 auditorías financieras, de desempeño y de obra pública, y “una innovación que es la auditoria preventiva”.
En el curso de esta administración leonesa, señaló, se abrieron 3 mil 200 investigaciones y una de las razones por las que se abrieron tantos expedientes es que se volvieron “más sensibles a los señalamientos de los leoneses”.
En consecuencia, comentó, prácticamente escucharon a todos los ciudadanos y recibieron todo tipo de quejas, incluso anónimas, pero también se fortaleció el principio de imparcialidad por lo que todo funcionario al que se le fincó un proceso de responsabilidad, se le entregó una carta de derechos, añadió.
Precisamente, indicó, cada vez que se inició un proceso se le notificó a la defensoría de oficio, “es decir no hay un servidor público que no tenga una defensa apropiada y adecuada como lo marca la ley”, concluyó.
