El presidente de México ofreció en el extranjero certeza legal. Anhelo por cierto de varios millones de connacionales, afectados por detenciones ilegales para: cubrir cuotas acordadas que justifiquen el alto costo de una guerra implantada por extranjeros; vendetas extra judiciales —por incumplimiento de socios que sospechosamente eran presta-nombres de autoridades encargadas de velar por la seguridad de los ciudadanos—, omisión en la resolución de asuntos vecinales de toda índole —por violaciones al uso de suelo, apoderamiento de propiedades privadas, amenazas, levantones y toda suerte de intimidaciones contra la ciudadanía— y por supuesto una serie de actos criminales —afectando derechos humanos de nacionales y extranjeros— en los cuales de una forma u otra la autoridad ha sido copartícipe.

Lo más afectado con estas conductas ha sido la credibilidad de la gente. ¿Para qué me organizo en comités ciudadanos, si en los anhelos más simples —alumbrado, recolección de basura, desazolve de drenajes, nivelación de banquetas, bacheo, poda de árboles, ordenamiento vial o suministro de agua en condiciones de igualdad[1]— lo que prevalece es: la mentira, la promesa incumplida, y el negocio para unas cuantas empresas, a las cuales no se les exige cumplir con servir al pueblo? ¿Por qué se utilizan nuestros impuestos para corromper a ciudadanos bien intencionados con bonos de reconocimiento de veinticinco mil pesos?[2] Con el cambio de gobierno, por fin alcanzan los espacios informativos temas que han sido denunciados e ignorados por medios que intercambian silencio por publicidad: duplicidad de gasto por el manejo sucio de programas —participación ciudadana y mejora barrial— ,nóminas ocultas —como aquella en la que ha cobrado un líder de pepenadores, socio del ex jefe de gobierno en el negocio del reciclaje—, “comisiones, diezmo o porcentaje”, exigidos a desarrolladores de vivienda, para permitirles construir contra toda norma en una ciudad con problemas de sismicidad, hundimientos por agotamiento de mantos freáticos, suministro de agua, etc. y por supuesto protección transexenal a verdaderos hampones, encargados de “administrar” lo mismo el narcomenudeo que las extorsiones en la central de abastos o el tráfico de influencia en el Instituto de la Vivienda.

Ofrecer certidumbre jurídica para los proyectos de inversión suena interesante; pero aquellos empresarios —nacionales o extranjeros— que conocen el sistema de inspectores que llegan periódicamente por su cuota para no clausurar; las amenazas muchas veces cumplidas de secuestrar a un familiar o trabajador a cambio de aportaciones de cualquier monto; los robos recurrentes de nómina, activos —coches, maquinaria etc.— y la espesa nata de impunidad que desalienta la posibilidad de fortalecer el sistema de procuración de justicia, cuya ineficacia y corrupción en el nivel de investigación está a la vista, requiere algo más que un discurso. ¿Se aplicará el principio universal de seguridad jurídica, en contra de pseudo legisladores que han promulgado “leyes” a modo y por indicaciones del ejecutivo para beneficiar a minorías?[3] ¿Quién será sancionado, por decisiones torpes, como la de aumentar la cuota de participación en el FMI —diez mil millones de dólares en el marco de la reunión de G20 en México— aun cuando un senador oportunamente recordó que con eso nuestro país no alcanza ni un 2% de influencia en ese organismo que paga por dichas participación menos de 1% en tanto que los préstamos internacionales contratados andan por el 4% de interés? ¿Se puede hablar de certeza jurídica si estos temas no se informan ni en su discusión ni en su aplicación? ¿Qué conocemos los ciudadanos de lo previsto, lo cumplido, lo mandatado, lo aprobado y lo prohibido en materia de disposición de recursos públicos? ¿Regalar el dinero aportado por los contribuyentes al FMI será una prueba de solvencia como lo dijo Israel Macías López, en su calidad de jefe de la Academia de Economía de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara?

Estar seguros de algo supone que el responsable de regular las relaciones sociales, se obliga no solo a establecer las reglas sino a cumplir tales disposiciones legales para crear ámbitos se seguridad jurídica, en la cual el poder político se ejerce con el límite de leyes universales, generales y congruentes con el sentir ciudadano, garantizando a las personas —físicas y morales— que sus derechos no serán violentados.  Ese fue el mensaje de la SCJ, en un caso lamentablemente tan mediático, que aun hoy, los productores del “montaje televisivo”, siguen utilizando los calificativos “secuestradora, criminal” etc. como una forma de exculparse de una conducta nada honesta, en términos de utilización de un medio cuyo propiedad original por cierto es de la nación.

Garantizar a cada persona que su situación jurídica —de libertad, de presunto, de deudor, de criminal, de individuo que ejerce su libertad de trabajo, de inversión y de expresión— no será modificada más que por procedimientos ordinarios y legales previamente discutidos, establecidos y publicados, es lo que lleva a la certeza ofrecida con bombo y platillo para potenciales inversionistas en México. ¿Se tiene previsto reparación de daños, a millones de ciudadanos que diariamente son violentados en su derecho a la información? Las buenas intenciones expresadas por el primer mandatario, ¿se acompañarán no solo por el encarcelamiento de los verdaderos culpables, sino por la rectificación de leyes que se han promulgado en contra de La Constitución?

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 [1] Cuotas iguales como se deriva de un principio de universalidad y no discriminación para quienes por su trabajo han logrado hacerse de una propiedad de clase media o alta. En todo caso, aplicar diferenciales en el subsidio, no por la zona sino por la cantidad de litros consumidos.

[2] El señor Ebrad repartió el año pasado 25 mil pesos a cada comité ciudadano del DF ¿Cuánto erogó por este concepto?, ¿en qué rubro del presupuesto estaba previsto? ¿La ley de participación supone pagos por trabajo voluntario? ¿Fue una manera de compensar a quienes desde su postura llevaron votos en favor del PRD?

[3] Por igual aquellos que avalaron endeudamientos estatales que solo favorecen a la banca privada, como los que promulgaron normas de modificación de uso de suelo, centralizando en un ejecutivo corrupto las decisiones y dejando al ciudadano en completo estado de indefensión.