Guanajuato, Gto. 31 de enero de 2013.- Legisladores priístas no han quedado conformes con la disposición que ha mostrado el Gobierno Estatal para que se revisen todos los detalles del proyecto “Escudo” a través de una auditoría y ahora piden saber de dónde salió “el guardadito” de 200 millones de pesos para entregar el anticipo a la empresa Seguritech Integral Security.
Esta petición la hicieron en la sesión de pleno del Congreso del Estado de ayer, dos días después de que el secretario de Gobierno, Salvador García López, se apersonó en Palacio Legislativo para pedir por escrito, a la Junta de Gobierno y Coordinación Política, que ordenara al Órgano de Fiscalización Superior, una auditoría preventiva para disipar cualquier duda de los diputados.
Hace una semana el diputado Adrián Camacho Trejo Luna, desde la tribuna en el Congreso, solicitó copias de la documentación, dictámenes, convenio y contrato con la empresa encargada de ejecutar el proyecto de seguridad Escudo porque, según dijo, tenía 15 días que habían solicitado esa información al Gobierno del Estado sin que le hubieran dado respuesta.
Este jueves, Camacho Trejo Luna, a nombre de su grupo parlamentario, subió de nuevo a tribuna para demandar un punto de acuerdo para que el Legislativo exhorte al gobernador para que entregue copias de dictamen emitido por el Comité de Adquisiciones para que se justifique la no licitación del proyecto.
“Copias del contrato entre gobierno y Seguritech; documentos que vio el comité de Adquisiciones que acrediten la experiencia en materia de seguridad por parte de la empresa, documentos de evaluación para decir que es una de las 500 compañías más importantes de México”, dijo.
“Y finalmente copias del documento en donde se determine el apartado especial 2 de donde se desprendió el anticipo entregado a la empresa referida por la cantidad de 200 millones de pesos, el 21 de diciembre de 2012”, agregó.
Dijo que al PRI no le queda claro por qué el gobierno no da la información requerida y sí manda una auditoría preventiva, y amagó “si los procedimientos están apegados a derecho, tendrán el respaldo de este grupo parlamentario, nosotros ya autorizamos el presupuesto, pero si no tenemos esas condiciones de información, no podemos estar avalando una situación como esa”.
