Por muchas razones no es bueno que la mujer estudie y sepa tanto.
Noel Clarasó
El debate más reciente que tiene que ver con la vida de las mujeres en Guanajuato es, más bien, un asunto de muerte.
En la revisión de la realidad, ocupa y preocupan los recientes asesinatos de mujeres cometidos en municipios de nuestro estado, particularmente en Silao y León, donde han sido perpetrados varios en unos pocos días.
No menosprecio la estadística general o la situación que prevalece en torno a los asesinatos de hombres.
Me ocupo del contexto en el que las mujeres guanajuatenses y las mexicanas podemos ejercer o no libre y plenamente nuestros derechos, y el cumplimiento de las responsabilidades y obligaciones del Estado para proporcionar las garantías y condiciones en las cuales este ejercicio sea vigente, real.
Este suele ser un tema con el que juguetean los partidos políticos, y que soslayan los políticos; en ambos casos, porque se convierte en carne de cañón cuando de ser oposición se trata, y en evasivas y discursos falsos cuando se es gobierno… y se quiere ignorar a la oposición.
Y de paso, a las mujeres.
En los últimos años han surgido en cumplimiento de los acuerdos internacionales varias normas que proporcionan marco jurídico a tipos penales y sanciones contra los delitos que se comenten por razones de género —es decir, por el hecho de ser mujeres, ni más ni menos—, como es el caso de la Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, y las leyes que en los estados han sido promulgadas para empatarlas con la ley federal.
Estas nuevas leyes también son consecuencia, en el caso de México y de Guanajuato, de la presión derivada de las posturas de organismos internacionales de derechos humanos sobre casos específicos en México como “las muertas de Juárez”… o las mujeres sentenciadas por infanticidio en nuestro estado.
El problema, como siempre ocurre, es que todo va muy bien hasta que las leyes entran en vigor y se encuentran con servidores públicos que no tienen la menor idea de cómo cumplirlas y hacerlas cumplir, y su cultura, sus prejuicios, su educación —o su misoginia— en muchos casos se vuelven los principales obstáculos para que estas herramientas de la ley puedan servir para lo que fueron hechas.
Hoy, ante los recientes y frecuentes asesinatos ocurridos y sus características: la saña, la exposición, la violencia sexual, la victimización por parte de la pareja sentimental, el esposo, el amante, las organizaciones que en Guanajuato han puesto fuerte el dedo en la llaga ante las autoridades en éste y otros temas de los derechos femeninos piden la alerta de género (un recurso de emergencia previsto por la ley) y otras voces sugieren reformar la definición de feminicidio para especificar circunstancias que refuercen el trabajo de ministerios públicos, peritos y jueces al procurar e impartir justicia.
El gobernador Miguel Márquez Márquez ha dicho que no a la alerta de género.
Me pregunto si cuando respondió que no a la periodista que le preguntó si estaba dispuesto a decretarla, estaba enterado a cabalidad sobre lo que significa este mecanismo, en qué consiste, qué es.
La respuesta del gobernador se constriñe a darle instrucciones al Procurador para que investigue y resuelva los homicidios de esas víctimas.
Caray. Esa mirada a posteriori, el pozo tapado después del niño ahogado, la visión sesgada o parcial sobre la problemática, la falta de reconocimiento de que la impunidad es un gancho para más impunidad, es parte del problema.
Si no es que la mayor parte.
