Una cualidad de la justicia es hacerla pronto y sin dilaciones; hacerla esperar es injusticia.
Jean de la Bruyere
Imposible no traer a la memoria las imágenes de aquella película de Arturo Ripstein cuando la vida cotidiana de la ciudad de Guanajuato nos arroja al abismo de la realidad un día, aparentemente como cualquier otro, y nos enfrenta con lo que hay detrás de los muros de una vivienda, bajo llave, escondido en la aparente afabilidad de un hombre al que se solapó durante años el maltrato, el encierro, la media vida, el abuso emocional y físico que cometió con varias, tantas mujeres, niñas, niños, varios de ellos de su misma sangre.
En “El castillo de la pureza”, el actor Claudio Brook mantiene encerrada en una casona en ruinas a su familia, la esposa (Rita Macedo) y los tres hijos, que no conocen otro mundo más que el de los libros que les lleva el padre, el veneno para ratas que elaboran y la disciplina impuesta mediante un oscuro calabozo para los castigos.
La versión guanajuatense rebasa —lo que ya es mucho decir— los ámbitos fílmicos de la decadencia moral siempre retratados por Ripstein. Ocurrió hoy en día, en una céntrica calle, un barrio a la vista de todos, en la mancha urbana de la capital del estado.
Félix José era muy conocido. Era bien conocido en diversos ámbitos de autoridad. Vendía alcohol, tenía un permiso otorgado por el gobierno municipal. Fue policía, formó parte de la nómina de los trabajadores del Municipio.
Había quejas de vecinos. Muchas.
Y de manera fehaciente, contundente, desde febrero de este año, una de sus víctimas lo había denunciado formalmente ante el Ministerio Público del fuero común, a instancias y con el acompañamiento del Instituto de la Mujer Guanajuatense —ahora Dirección de la Mujer—.
Ahí surgió todo. Ahí se conoció la primera versión de la historia de horror que vivieron por más de una década las varias mujeres a las que Félix José encerró bajo amenazas, atemorizó y sobajó de muy diversas formas, en la vivienda de la calle Tamazuca.
El instituto municipal, ¿eh? No el estatal. Y sí, en esa instancia se tomaron cartas en el asunto, las que correspondían en la medida de sus atribuciones y posibilidades. Hay que decirlo claro, para que se entienda y se asuma.
En lugar de que esto ofenda a aquellas autoridades que fueron omisas, bien podrían de una vez por todas, tomar en serio la protección de la vida de las mujeres guanajuatenses y hacer lo que les corresponde. ¿Qué no?
Todo ocurrió a unos pasos, a unos cuantos metros de las oficinas de la Procuraduría de Justicia, de la Policía Municipal, de las agencias del Ministerio Público, de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia.
Malditas ironías para esas mujeres, esas niñas, esos niños.
Lo que importa es que el hombre, presunto violador, presunto agresor intrafamiliar, presunto corruptor de menores (para expresarlo en los términos de la justicia ante la cual, se supone, es apenas un indiciado) ya fue detenido, dirán las autoridades a quienes les correspondía procurar la justicia e impartir la justicia para todas esas víctimas.
A tiempo no lo fue. Mucho daño estaba ya hecho. Permisividad, recovecos burocráticos, funcionarios ministeriales insensibles, impreparados o negligentes; falta de recursos y de atribuciones a las políticas públicas en defensa de los derechos de las mujeres y los menores, silencio cómplice, indiferencia, omisión.
Todo estalló cuando una criatura de 11 años de edad acudió al Hospital General a parir a otra criatura. Hasta entonces la procuración de justicia fue expedita, hasta entonces la impartición de justicia fue pronta.
A quien le suene exagerado, que lo viva en carne propia.