Ha llegado la hora de la mujer que comparte una causa pública y ha muerto la hora de la mujer como valor inerte.
Eva Perón
“La resolución (de la Jueza Paulina Medina) debió emitirse con perspectiva de género, es decir, apreciar los hechos acontecidos, para de ahí evidenciar que entre víctima y victimario ocurrió una situación concreta de desigualdad y violencia contra una mujer, la cual fue sometida a maltrato físico y sexual”.
Con cuánta contundencia puede una autoridad, en estricto ejercicio de sus atribuciones y obligaciones de ley, poner en su lugar a otra.
Lo hizo el Juez Primero de Distrito en Guanajuato, Arturo González Padrón, con esta sentencia del juicio de amparo interpuesto por los abogados defensores de María Luz Salcedo (Lucero), como se puede leer en las líneas citadas en el entrecomillado.
El juez González Padrón tenía hasta los últimos minutos hábiles (es decir, antes de las 3 de la tarde) del martes 11 para dictar la sentencia correspondiente al amparo que le fue presentado cinco meses atrás por los abogados Javier Cruz Angulo y Antonio Caballero, de la Clínica de Interés Público del Centro de Investigaciones y Docencia Económicas, el CIDE, que tomaron la defensa legal de María Luz por el acompañamiento del Centro Las Libres.
Y así lo hizo.
En la mañana del miércoles 12, Verónica Cruz —directora de Las Libres— decía que era la primera vez que leía una sentencia como ésta, con perspectiva de género.
La frase chocará a muchos funcionarios que nada entienden o nada quieren entender de ella. Pero el Juez de Distrito Arturo González Padrón la tomó, la desmenuzó y la repitió cuantas veces fue necesario en su sentencia para explicar que sí, que no sólo se puede, sino que se tiene que juzgar con esa mirada, aplicando un protocolo de la Suprema Corte de Justicia que no es sugerencia, ni libro en el cajón, como lo quería ver el ex presidente del Supremo Tribunal Alfonso Fragoso.
Que Lucero decía la verdad.
Que Las Libres la defienden con razón.
Que los abogados de la clínica del CIDE presentaron de forma impecable argumentos, circunstancias, pruebas, dichos y hechos sobre lo que vivió Lucero cuando fue atacada sexualmente por Miguel Ángel Jasso, privada de su libertad y golpeada por haberle dicho que no quería estar con él.
Que desde un principio, diversas instancias que iniciaron con la Policía municipal, siguieron con el Ministerio Público, peritos, jueza de oralidad, presidente del Poder Judicial, Procurador de Justicia, Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, menospreciaron la voz de una joven y, con sus actos —aunque sus palabras siempre dijeran exactamente lo opuesto— la colocaron en un estado de indefensión ante su agresor.
Él y ella en las calles. Él libre, y así se lo echó en cara un día al encontrarla por el Paseo de la Presa, mientras sostenía un six de cervezas.
Ella, tratando de pegar sus pedazos, en rebeldía contra las ganas de mantenerla encerrada, víctima, tirada en el piso, vestida de monja o muerta.
¿Por qué, si el Juez de Distrito ha sentenciado que la Jueza Paulina Iraís Medina tuvo desde siempre la facultad de determinar si Lucero fue víctima de “lesiones leves y abusos erótico sexuales” —como consignó el Ministerio Público— o de intento de violación, como lo encontró sobradamente comprobado el propio Juez de Distrito?
¿Por qué, si la violencia ejercida sobre Lucero implicó un acto de discriminación que tuvo como resultado la anulación y el menoscabo del goce y ejercicio de su libertad personal y sexual, según el Juez de Distrito?
En muchas de las oficinas mencionadas dirán que no están de acuerdo; protestarán; seguirán convencidos de que hacen bien su trabajo, atienden a las mujeres violentadas, hay denuncias, las escuchan en una línea telefónica de Lada 800; hay un tal Código Naranja y regalan pulseritas, botones y se anuncia por todas partes con rostros de mujeres sonrientes.
A todos ellos, un juez federal los acaba de poner en su lugar, quieran o no.
Que digan misa.
