Guanajuato, Gto. 25 de abril de 2014.- El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), presentó una iniciativa de ley para proporcionar atención integral a procesados por delitos del orden común que tengan adicciones a sustancias psicoactivas.
La propuesta, denominada Ley para el Tratamiento Jurisdiccional de las Adicciones, presentada en sesión de pleno, señala que las adicciones a las drogas que en principio son consideradas como asunto de salud pública, tienen un fuerte impacto social en la entidad.
La líder del grupo parlamentario del PRD explicó que la Encuesta Nacional de Adicciones 2011 muestra que la región centro, a la cual pertenece el estado de Guanajuato, el consumo de mariguana entre personas 18 a 34 años pasó del 1.4 por ciento en 2008 al dos por ciento en 2011.
Drogas como la cocaína, el crack, los alucinógenos inhalables y las anfetaminas presentaron una tendencia similar en estos mismo períodos, sin embargo, el consumo de cualquier droga ilegal entre el grupo poblacional referido aumentó del 2.1 por ciento en 2008 al 2.8 por ciento en 2011.
Destacó que esta situación ha sido vista en el estado sólo como un problema de seguridad pública; de tal forma que se ha emprendido un combate frontal a la oferta de las drogas ilegales, así como el gravamen al tabaco y controles más rigurosos en la expedición de bebidas alcohólicas.
La legisladora añadió que la mayoría de quienes cometen delitos y son consignados, son primo delincuentes, hecho que contribuye a la sobrepoblación en los centros penitenciarios.
Agregó que según datos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública, a nivel nacional 94.88 por ciento de los presos son consumidores de drogas. Es decir, de los 224 mil 749 reos que hay en las 431 cárceles del país, 213 mil 242 consumen drogas, realidad que se replica en Guanajuato.
La perredistas sostuvo que en el estado no existe hacinamiento como en otras entidades, pero se ocupa el quinto lugar en reincidencia delictiva en materia del fuero común, con 19.5 por ciento, lo cual demuestra que el objeto del Artículo 18 Constitucional en materia de reinserción social del sentenciado y la procuración de que no vuelva a delinquir, no se cumple a cabalidad.
El GPPRD, en consecuencia, resaltó Torres Rea, considera erróneo responder al consumo y adicción de sustancias psicoactivas con un sistema basado en la punición, reclusión y subsecuente marginación social del usuario de drogas; en dicho sistema no se generan las condiciones para la rehabilitación y reinserción social; al contrario, en los ambientes penitenciarios se fomenta la reincidencia delictiva.
Por lo anterior, la diputación perredista propuso que se reconozca la adicción como una problemática de salud pública y se le trate con un enfoque multidisciplinario con nuevas alternativas de recuperación, rehabilitación y reinserción social.
La iniciativa propone un Modelo Jurídico Terapéutico, para garantizar atención médica, psicológica y de reinserción social a personas impactadas por las adicciones que hayan cometido un delito del orden común y que se encuentren bajo proceso judicial.
La propuesta legal fue entregada a la Mesa Directiva para enlistarla en el orden del día de la próxima sesión ordinaria, para darle el trámite legislativo correspondiente.
