A mi juicio, el mejor gobierno es el que deja a la gente más tiempo en paz.
Walt Whitman
Tuvieron que transcurrir cuatro largos años para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos concluyera y publicara una recomendación dirigida al gobernador de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes, y al gobierno municipal de El Plateado de Joaquín Amaro —cuyo ayuntamiento ya ni siquiera es el de la cuestión inicial— relativa a la desaparición de ocho leoneses que viajaron al territorio zacatecano, con el fin de practicar, como lo hacían periódicamente en esa zona, la cacería cinegética en una UMA (Unidad de Manejo Ambiental) en la sierra de Morones.
“Desaparición forzada” fue, en la conclusión tan tardada de la CNDH, el crimen que se cometió en contra de Diego Cordero Anguiano, Juan Diego Cordero Villanueva, Ernesto Cordero Anguiano, Alan Josué Bocanegra, Mario Alberto Reyes, José Javier Martínez, Sergio Sánchez y Héctor González, de edades entre 19 y 47 años.
Un delito por el que, hasta el día de hoy, ningún responsable está siendo procesado.
La desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad, en la que las víctimas son privadas de su libertad por agentes del Estado —de alguna corporación, generalmente— o por personas comisionadas por éste, y después se desconoce el secuestro o privación para que la víctima quede desprotegida. El asesinato de la víctima de desaparición forzada generalmente tiene como propósito favorecer la impunidad y atemorizar a la sociedad o intimidarla.
En toda la resolución de la recomendación 42/2014 que fue publicada la semana pasada en el portal de la CNDH, se revelan varias circunstancias que hasta el momento eran desconocidas o ignoradas en la opinión pública guanajuatense, en cuya sociedad, particularmente la leonesa, un grupo de familias —padres, esposas, hijos— quedaron a su vez desamparados y sufriendo las consecuencias emocionales, físicas, económicas y sociales de estas desapariciones.
Dos sobrevivientes del secuestro cometido en contra del grupo inicial de diez cazadores por parte de policías municipales que posteriormente los entregaron a un grupo del crimen organizado cerca de la capital zacatecana, identificaron a preventivos de varios municipios como partícipes en esta acción: Tlaltenango, Momax y Tabasco.
Esta identificación se efectuó a instancias de la CNDH, que mostró fotografías a ambos a lo largo de la investigación.
Hasta antes de conocer esto, se tenía en firme por parte de la Procuraduría de Justicia del estado de Zacatecas que cuatro preventivos y el director de Policía del municipio de El Plateado de Joaquín Amaro fueron los responsables de retener a los cazadores y posteriormente trasladarlos al sitio donde un comando armado los recogió.
Los policías declararon a la PGJE zacatecana, literalmente, que recibieron órdenes mediante llamadas telefónicas de los presuntos jefes del crimen organizado, primero para interceptar a los cazadores en la camioneta en que viajaban, y posteriormente para entregárselos a sus sicarios.
Ahora, la CNDH plantea que se debe proceder penal y administrativamente contra los policías de los 4 municipios; que los denunciará por desaparición forzada para que enfrenten un proceso por este delito, y que el gobernador Alonso Reyes debe ordenar que se haga lo necesario para que se localice a los ocho leoneses…o los restos mortales de los mismos, para dar la certeza en cualquier sentido, a sus familiares, además de ocuparse de la reparación del daño causado por la tardanza, la desinformación, la falta de pesquisas.
Por la impunidad.
