Los niños necesitan modelos, más que críticos.
Joseph Joubert
A “T”, alumna de la Secundaria General 8 de León, no le correspondía ser tratada como una víctima de abuso sexual por su maestro de Español, porque “se enamoró de él”. O porque éste la sedujo.
Esta es la diferencia, dice la ley, dicen los ministerios públicos, dicen los jueces, dicen las autoridades, entre el estupro (una relación “consentida” de una menor que rebase los 12 años y un adulto) y la violación sexual.
Que ella quiso, dicen.
El martes 25, Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la abogada Cinthia Ramírez, del Centro de Derechos Humanos Victoria Díez, habló en una conferencia en la Universidad de Guanajuato sobre el largo, sufrido, absurdo, indolente e insensato camino que la menor T y su madre recorrieron a partir de que denunciaron, primero a autoridades de la Secundaria General 8, y posteriormente al Ministerio Público, que la alumna había sido abusada sexualmente por el profesor Jesús Antonio Aguirre Züñiga, señalado, consignado, libre bajo fianza, sujeto a proceso penal no por violación, sino por estupro, porque “ella lo consintió”.
Lo cual, independientemente del inaudito marco legal que deposita en una menor de 12 años la voluntad de saberse seducida y por ello autorizar a una relación sexual con un adulto, confirma la participación del profesor, él sí adulto. El que sedujo, pues, si nos atenemos al modelo que imponen el marco legal al que recurrieron las autoridades para consignar la averiguación ante un juez.
“T” no tuvo escapatoria. Ninguna autoridad se la brindó. Tras la manipulación de su declaración —tomada inicialmente sin la presencia de sus padres— , los exámenes físicos insolentes y sin autorización, las amenazas de las autoridades de la escuela, el silencio ominoso de los funcionarios de la Secretaría de Educación que creen que con un psicólogo y un cambio de escuela todo se resuelve, el último reducto, la última esperanza, era la Procuraduría de los Derechos Humanos del estado, que había iniciado un expediente de queja desde que conoció del caso, primero por algunas notas periodísticas.
Sin embargo, en el camino de la PEDH también se fueron torciendo las veredas. La investigación se centraba en el desempeño de las autoridades educativas que conocieron y debieron atender el caso de “T”, pero no ponía su mirada en el actuar del personal de la agencia del Ministerio Público que llevaba la averiguación, hasta que esto fue señalado por la madre de la víctima, acompañada por el Centro Victoria Díez, y el expediente fue ampliado. Y el plazo fue ampliado, y la resolución tardó casi un año en ser emitida por la oficina del Ombudsman guanajuatense.
A fin de cuentas, el desencanto, la decepción, la esperanza truncada cuando llega una recomendación que tiene sus luces y sus sombras, más de las segundas que de las primeras. Se piden procedimientos disciplinarios en contra de profesores, directivos, agentes del ministerio público, peritos; una disculpa, aplicación de protocolos, capacitación.
Pero se olvida profundizar, centrarse, dar prioridad a lo principal: “T” es una niña violentada sexualmente en el entorno escolar. No un alumno víctima de bullying; se alude y se citan algunas de las convenciones internacionales por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, pero el enfoque se centra en los derechos del niño y un mal entendido “acoso escolar”.
Todo esto, a grandes rasgos, era lo que estaba exponiendo la abogada del Centro de Derechos Humanos Victoria Díez en su charla en la Universidad de Guanajuato. Entre el público figuraba Alberto Estrella, funcionario de la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos, quien llevaba una evidente encomienda de propiciar un debate para defender la resolución del organismo.
Ningún problema con eso. Lo malo fueron las formas, la hostilidad, las interrupciones que el funcionario de derechos humanos hizo a cada rato a la defensora de derechos humanos.
El emisario de la PEDH, paradójico e inaudito, no esperó a las preguntas, no respetó la exposición, no respetó a la conferencista, se saltó las formas esperadas en un servidor público de la instancia referida. Dio todo un espectáculo, como tantos que hemos conocido a cargo de funcionarios y políticos, a través de las redes sociales y los videos y los medios, penoso y decepcionante.
¿Le pagarán para eso?
Sostengo que no.
