El exgobernador de Oaxaca, José Murat Casab, ha sido puesto en evidencia esta semana gracias a una investigación periodística internacional publicada en The New York Times, por las propiedades inmobiliarias que tiene en Nueva York.

Unas horas después, se difundió en medios mexicanos que también es propietario de un avión, mismo que puso en venta.

Aunque Murat lo ha negado —aduce que la aeronave “se la prestó un amigo”—, a estas alturas sus argumentos se estrellan contra la sólida documentación que incluye al exgobernador como uno de los propietarios de inmuebles de lujo exhibidos por NYT, junto con otros personajes que, además, los han adquirido a través de empresas ficticias.

En la Ciudad de México, la Procuraduría General de la República presentó a Héctor Hugo López Jiménez, señalado como presunto responsable de defraudar a los Pronósticos Deportivos por al menos 110 millones de pesos.

López Jiménez era subdirector de Concursos y Deportes de los Pronósticos para la Asistencia Pública, y desde ese cargo, como servidor público, en enero del 2012 se coludió con otros funcionarios de ese organismo para simular un concurso de Melate, Revancha y Revanchita, con el que obtuvieron la ganancia ilícita, según la acusación.

El exfuncionario fue trasladado al Cefereso de Tepic.

En la noche del martes, una bomba más: la misma PGR anuncia el cumplimiento de una orden de aprehensión en contra de Carlos Mateo Aguirre, hermano del exgobernador de Guerrero, Javier Aguirre Rivero.

Al segundo “angelito” de la familia, se le está imputando otro delito de orden patrimonial con cargo a los dineros públicos: el desvío de 287 millones de pesos, en complicidad con varias personas —incluyendo a otro familiar—, obtenidos de diversas instancias y trasladadas a cuentas particulares a nombre de familiares.

Desde la CFE, la Comisión Estatal del Agua y otros organismos de la administración pública estatal y federal, el recurso público pasó a cuentas personales.

El hermano del exgobernador Aguirre —quien fue obligado a pedir licencia al cargo después de la masacre y desaparición de estudiantes en Ayotzinapa el 26 de septiembre pasado— era coordinador ejecutivo estatal, lo que sea que signifique ese encargo.

Cobraba como eso y —ahora se sabe— más.

En el imaginario popular, a estos perfiles se les ha llamado “delincuentes de cuello blanco”.

Hermanos incómodos, hijastros presidenciales, políticos encumbrados, funcionarios con acceso a recursos de programas y obras de toda índole, comparten los abusos del poder, trafican con influencias y favores y tienen permiso y manga ancha para meter la mano en el arca pública, de donde toman lo que casi nunca devuelven.

Contralorías, órganos de fiscalización, secretarías de la función pública o de la transparencia, auditores van y vienen.

Las leyes en materia de corrupción se endurecen al paso de los años —no con la misma velocidad que otras materias legislativas—, los candados a los presupuestos se multiplican, todo ello de manera infructuosa, en comparación con abusos como los aquí expuestos.

Como tantos otros aspectos del ejercicio del poder, la erradicación de la corrupción, el castigo a estos y otros tantos delincuentes de cuello blanco, la transparencia con que se debe exponer el patrimonio de gobernantes y funcionarios, la rendición de cuentas, comparten ésta, la triste realidad:

La de la simulación.