Al opinar sobre el amparo relativo al uso lúdico o recreativo de la mariguana (es decir, consumirla nomás por gusto, ganas o placer), el Ministro de la Suprema Corte José Ramón Cossío coincidió con sus compañeros en que sancionar penalmente el uso con esos fines, personal, de la mariguana es violatorio del desarrollo libre de la personalidad.

Es decir, viola un derecho humano fundamental, consagrado en el Artículo Primero de la Constitución.

Pero —y ahí viene el pero— en una posición mucho más prudente, sobria y analítica, el ministro sugiere que esta decisión debe tomarse con base en estudios científicos, consultar a la sociedad, y hacerse acompañar de acciones gubernamentales en  materia de salud y orden público.

O sea, sí al consumo recreativo de la mariguana, pero junto con una serie de medidas desde la sociedad y las autoridades para que esto no se vuelva un desgarriate.

La decisión de la Corte, que ha sido tema nacional y mundial, tuvo como reacción encadenada el ofrecimiento de Enrique Peña Nieto de “abrir el debate”.

Lo que eso signifique, lo que implique, como si no fuera un debate en la sociedad, en las familias, entre los jóvenes.

El gobierno federal, a través de Miguel Ángel Osorio Chong, da visos y avisos sobre la estrategia: análisis con expertos, difusión amplia a los mexicanos y “eventuales adecuaciones legislativas”.

En la revisión del ministro Cossío inicia con lapidaria verdad, comprobada a diario y con mayor crudeza en los últimos años en México, cuando las drogas se han convertido en un pretexto para casi todo el delito.

Cito: “la experiencia de los últimos cincuenta años demuestra que la política prohibicionista en materia de drogas ha fracasado y que, por lo tanto, la misma requiere un cambio”.

¿Hacia qué rumbo? ¿Bajo cuáles premisas? ¿Con qué propósitos? ¿A favor o en contra de quién? ¿Para beneficio o en perjuicio de quiénes?

Vamos con las certezas. Ante la política prohibicionista:

No hay menos adictos, hay más.

No hay menos tráfico, hay más.

No hay menos violencia derivada del tráfico a gran escala y la multiplicación de las actividades ilícitas de los narcotraficantes.

Hay mucha, mucha violencia más.

El amparo, hay que precisarlo para quienes todavía tienen dudas al respecto, se otorgó a cuatro ciudadanos que plantearon que ser acusados y enjuiciados por consumir mariguana a placer viola su derecho al libre desarrollo de la personalidad.

Los solicitantes pidieron el amparo para la siembra, cultivo, preparación, posesión, transporte y uso de la cannabis y el psicotrópico THC (tetrahidrocannabinol, la sustancia psicotrópica contenida en la mariguana).

El ministro Cossío, en resumen, opinó que coincide en que negar esta petición de los cuatro solicitantes violaba sus derechos. Pero otorgarla o concederla sin otra serie de consideraciones y medidas adicionales desde la sociedad y desde las autoridades y desde las leyes, tiene o tendrá como resultado, en lugar de proteger los derechos ciudadanos, ponerlos en riesgo.

“No podemos otorgar una autorización abierta (a los solicitantes) sin acompañarla de lineamientos para el establecimiento de una política pública integral en materia de drogas”, dice la postura del ministro, que ve frente a la decisión del máximo órgano de justicia de la nación “un enorme reto en materia de salud pública”.

La consulta previa, la opinión de expertos y sectores sociales ante los ministros, estudios científicos, revisión legislativa, son elementos a considerar en el debate que, a posteriori, se anuncia en el país.

Las consecuencias nos alcanzan a todas y a todos, de manera directa o indirecta. Estar enterados o participar en el debate son decisiones, esas sí, libres y responsables.

Después, ya para qué quejarse.