Con discreción pasaron por la opinión pública guanajuatense los resultados del estudio llamado “Índice de impunidad global México” (IGI) que elaboran de manera conjunta la Benemérita Universidad de las Américas en Puebla y el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia, apoyados en datos oficiales que proporcionan o reportan instancias de procuración e impartición de justicia de cada uno de los 32 estados del país.

(Recordemos que el ex Distrito Federal ahora es Ciudad de México).

Este informe fue presentado a principios del mes de febrero, y los resultados, como sospechan quienes aún no lo conocen, confirman la percepción que los habitantes de este país (o la mayoría) tenemos sobre esa tragedia nacional que se llama impunidad: es la reina y señora de la realidad social.

México, la mayoría de los estados y Guanajuato incluido, mantienen sus números negros por todo lo alto en materia de impunidad. Nada bueno. En realidad, la “cifra negra” incluye aquellos delitos que se cometen, pero que nunca son denunciados por muy distintas razones: porque la gente no cree en las instituciones de seguridad, de procuración e impartición de justicia; porque no puede, por miedo o porque no se les cree o no se les recibe la denuncia.

Sólo el 1 por ciento de los delitos que se cometen en México llegan a una sentencia condenatoria para los responsables.

El 99 por ciento de los delitos que se cometen no son castigados.

Y para entrar en materia, Guanajuato aparece en el grupo 3 de este informe: es el de los estados con más alta impunidad, particularmente en lo que se refiere al sistema de seguridad.

Ojo, a los encargados de elaborar este informe les llamó la atención de manera particular un rubro: los delitos relacionados a la violencia de género.

Del 2013 a julio del 2015, en Guanajuato fueron asesinadas 189 mujeres por razones de género, dice tal cual el informe del Índice de Impunidad Global.

León es el municipio que reporta más casos, a pesar de lo cual sus autoridades municipales hacen caso omiso a la dimensión de su problema.

Para llegar a estas conclusiones, se revisaron datos del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema penitenciario.

Los cinco delitos más comunes cometidos en el estado fueron los robos a casas, a vehículos, otros robos, daños a la propiedad y lesiones de todo tipo.

El índice de denuncia es ligeramente menor a la media nacional.

En el fondo de estos resultados, la mirada es puesta en un importante número de denuncias que se clasifican en una averiguación previa en las agencias del ministerio público, pero un mínimo de casos que terminan en un juicio con una sentencia condenatoria.

Para ponerlo en números, el reporte incluye un periodo en el cual se contaron 79 mil 612 averiguaciones previas por delitos de toda índole cometidos en agravio de las y los habitantes de este estado. De todas ésas, solamente mil 530 llegaron a los tribunales y continuaron como causa penal (o carpeta en el juzgado). Y de ésas, 140 terminaron en sentencias condenatorias.

“Para el número de averiguaciones previas registradas y posteriormente las causas penales y delitos registrados, el número de procesados y posteriormente de sentenciados con causas penales es mínimo; esto podría ser traducido como clara impunidad en el estado”, concluye el informe.

Los factores, las carencias, los vacíos, están identificados y reflejados: en Guanajuato hay más agencias del ministerio público que en otros estados, pero no hay personal suficiente, y menos personal destinado a las funciones de seguridad pública (policías municipales y estatales).

Hay un número de jueces y magistrados por arriba de la media nacional, pero se dictan pocas sentencias. “Lo anterior apunta a que los procesos de los delitos cometidos registrados no se llevan a cabo correctamente y por lo tanto se dictan muy pocas sentencias. Lo que se podría traducir en una ineficiencia del proceso y en particular de los actores”.

Números negros.  Panorama negro.