La ley de transparencia, al menos en la letra, permite a cualquier ciudadano preguntar y obtener información sobre el uso de recursos, salarios, viáticos, contratos, nóminas, comprobaciones, expedientes, permisos, concursos, obras, becas, servicios que gobiernos y dependencias tienen en su haber administrativo, entre muchos otros aspectos inherentes a la función pública, puesto que así se llama.
La nueva Ley general de transparencia y acceso a la información ha pasado por la báscula de las cámaras de senadores y diputados —en ese orden— y ha sido aprobada, con la salvedad de algunos puntos específicos que pudieran ser todavía discutidos por los diputados federales, aunque en lo general ya se logró la mayoría de votos para darle luz verde, según el trámite parlamentario.
Esta ley, en realidad es la actualización de la normatividad en la materia, de acuerdo con la reforma al artículo sexto de la Constitución aprobada hace ya casi cuatro años.
Una actualización que como se podrá notar por las cuentas, tardó entre aplazamientos y prórrogas en las cámaras, siempre ocupadas en otros asuntos para los parlamentarios tan importantes como andar saltando de una campaña a otra, sólo por poner un ejemplo.
Es posible que otra de las razones por las cuales la revisión de la normatividad en materia de transparencia fue aplazada, sea la inquietud, preocupación, alarma o terror de partidos y políticos por las posibilidades que se abren con la armonización legislativa porque, si hasta ahora los partidos políticos, sindicatos y otros entes públicos habían podido ocultar sus cuentas y gastos bajo el manto de la opacidad y la discrecionalidad, esto ya no será tan fácil.
Partidos políticos y sindicatos habían quedado a salvo, incólumes en las normas anteriores en materia de transparencia y acceso a la información… como han quedado a salvo e intocados por muchas de las posibilidades ciudadanas de exigir cuentas y fiscalizar su actuación y decisiones en los distintos ámbitos en los que influyen y afectan a la ciudadanía.
Incluso para los organismos electorales, responsables directos de la fiscalización de los recursos asignados y empleados por los partidos, la tarea de indagar de manera efectiva en el ingreso-gasto de éstos ha sido complicada, además de que la legislación electoral sigue contando con candados para una revisión oportuna del ejercicio de los recursos y también para aplicar oportunamente las sanciones derivadas de alguna irregularidad.
Así, seguimos presenciando cómo las multas o amonestaciones determinadas por los organismos electorales se hacen efectivas a toro pasado, cuando pasaron los tiempos electorales y partidos y candidatos se instalaron en los cargos disputados o perdieron sus registros.
Podría ocurrir que ya no más.
Según la Ley general aprobada, cualquier ente que reciba recursos públicos es sujeto obligado y deberá mostrar su información cuando le sea requerida por cualquier mexicano.
Este es uno de los puntos básicos y fundamentales, que además no podrá ser modificado porque es parte esencial del sentido de la ley, una vez que ésta sea afinada por el Senado para su publicación.
Cómo la aplicación de la nueva norma alcanzará para evidenciar y quizás para en algo frenar la voracidad de sindicatos como el de trabajadores de Pemex o el magisterial, ambos verdaderos monopolios que han permitido el enquistamiento, la corrupción y el enriquecimiento desmedido de sus líderes, eso no lo sabemos aún.
Pero ya podremos averiguarlo.
