Guanajuato, Gto 26 agosto de 2016. El procurador de los Derechos Humanos Gustavo Rodríguez Junquera, afirmó que darán total apoyo al gobierno capitalino, para capacitar al personal de las dependencias municipales.
Incluso subrayó que también deben capacitarse autoridades en el tema del respeto a los derechos humanos, para tener una herramienta preventiva y no violentar los derechos del ciudadano.
Lo anterior después de las diversas problemáticas en lo que se ha visto el personal del área de Fiscalización y Control, quienes han actuado de manera autoritaria y grosera con diversos grupos discriminando su trabajo.
Tal ejemplo es la pareja de cantantes invidentes, quienes en pasados días denunciaron con el regidor Guillermo Torres Saucedo los maltratos que vivieron del personal de Fiscalización; de igual forma un grupo de comerciantes de la comunidad de San José de Llanos, denunció el maltrato de la misma área, cuando quisieron quitarlas de las cercanías del Mercado Gavira y evitar que vendieran sus productos.
Por los problemas en los que se ha visto envuelta el área de Fiscalización, el regidor Guillermo Torres Saucedo se pronunció en sesión de Ayuntamiento, para pedir a la Procuraduría de los Derechos Humanos capacite al personal, a lo que Rodríguez Junquera confirmó que la solicitud llegó a la procuraduría y en breve estarán trabajando con el Ayuntamiento en el tema.
El procurador expresó que en el caso de la pareja de cantantes invidentes, la procuraduría estará brindándoles todo su apoyo y asesoría, para que la autoridad cumpla con la ley sin violentar sus derechos humanos.
Rodríguez Junquera indicó que de enero a julio del presente año, se han abierto 623 expedientes de queja, donde se han emitido 226 recomendaciones.
77 recomendaciones se dirigieron a la Dirección de Seguridad Pública Municipal por lesiones, también 44 recomendaciones se emitieron a la Secretaría de Salud por la inadecuada prestación del servicio público a la dependencia.
Finalmente se emitieron 32 recomendaciones a la Procuraduría General de Justicia del Estado, por detención arbitraria.
