Guanajuato, Gto. 09 de diciembre de 2016.- En caso de que se logre acreditar que el auditor general de la Auditoría Superior del Estado (ASEG) Javier Pérez Salazar filtró las auditorías integrales de Toyota, León o Celaya, señaló que dejará el cargo al momento, pues está previsto por la ley y es un causal para la destitución.
Y es que en rueda de prensa donde estuvieron el secretario general del Congreso Christian Cruz Villegas, el contralor Dany Ángel Martínez y el auditor general, se declaró que el proceso de revisión a los entes en dos etapas, la primera el campo donde se firma sobre el pliego de observaciones que son los hallazgos en fase preliminar.
En segundo lugar posteriormente a la respuesta de los entes fiscalizados se elabora el informe de resultados que incluye la valoración, una vez que se recibe la respuesta y ya se tienen los resultados se les informa a los entes revisados.
“Por disposición de Ley al primero que se les notifica el resultado es al sujeto fiscalizado, por eso no es de extrañar que el presidente, la alcaldesa, el tesorero, los extesoreros hayan conocido de manera anticipada al Congreso el resultado final de la auditoría. Y no es extrañable que la información llegue antes que a los diputados, porque el proceso de fiscalización así lo ordena”, delcaró.
Finalmente expuso que esta es parte de la información que podrá a disposición del órgano contralor, por el proceso de investigación que se está abriendo para dar con los responsables de la filtración a los medios de los resultados de las auditorías integrales.
Y contraloría abre expediente de investigación por filtración
Dany Ángel Martínez contralor Interno del Congreso del Estado, manifestó que las investigaciones alcanzarán las administraciones municipales para dar con los responsables de la filtración de auditorías integrales a medios de comunicación. Dicha instrucción, provino de la Junta de Gobierno y se iniciará por los procesos de la entrega de documentación.
Iniciada dicha acción, se procederá en su caso a determinar quiénes están involucrados y se iniciará la investigación ante la autoridad de la Auditoría Superior del Estado o en su momento servidores públicos del poder Legislativo.
Y aunque primero señaló que los ayuntamientos en cuestión, quedarían fuera de los alcances de la Contraloría Interna del Congreso, posteriormente reconoció que si puede solicitar información a las presidencias municipales.
Señaló que la investigación no tiene un plazo establecido para concluirse y si las investigaciones les dan para más, para tener más certeza por ser un tema complejo, podría establecer un vínculo con las contralorías municipales, para solicitar información.
“Yo solicitaría cierta información en su momento, si nos da pauta, se solicitaría información; vamos entendiendo que se trata de parte de un proceso de revisión de los documentos materia de auditoría en cuanto a la confidencialidad y si desprende eso, si la investigación continua, se puede ampliar y en su momento se puede solicitar información”, explicó.
Cabe señalar que coincidió con el Auditor del Congreso Javier Pérez Salazar en que el proceso de investigación será de carácter reservado en términos de ley, pero al final es una cuestión que tendrá que asumir cada servidor público respecto a la secrecía que le den a la información. El procedimiento de fiscalización en términos generales se hace público hasta que sea sancionado por el propio Congreso estatal.
