Presenta PRD denuncia por reforma electoral

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Guanajuato, Gto. 28 de junio de 2017.– El Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una acción de inconstitucionalidad en contra de la Reforma Electoral en materia de reelección que recientemente aprobó el Congreso del Estado.

Baltazar Zamudio Cortés, dirigente estatal del PRD en Guanajuato (Foto: Archivo)

La demanda señala directamente a la reforma a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, que plantea la reelección en los próximos comicios electorales en 2018.

La demanda señala que quienes aspiren a reelegirse como presidentes municipales, síndicos, regidores y diputados, deban separarse del cargo incluso desde inicio de los procesos internos de selección de candidato, conforme a las convocatorias partidarias.

La demanda destaca que la legislación ya vigente, que fue aprobada y publicada por el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo del Estado respectivamente, en días anteriores, establece sólo la obligación de «solicitud de licencia» en el caso de presidentes municipales y diputados y ni siquiera, la solicitud en el caso de síndicos y regidores.

El recurso fue presentado por Baltasar Zamudio Cortés presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) en carácter de apoderado legal del PRD en Guanajuato, en el que se inconforma por varios conceptos violatorios de la Constitución Federal, la local e incluso convenios y tratados internacionales, pero destacan tres aspectos contenidos en la reforma electoral aprobada por el Congreso del Estado de Guanajuato:

La primera observación versa sobre la disposición aprobada en la reforma de que en caso de síndicos y regidores no es necesario separarse del cargo. Esto, señala la demanda, “atenta a la equidad electoral consagrado en el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y violatorio también del 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, la disposición atenta contra el principio de imparcialidad en el ejercicio de los recursos públicos y la propaganda gubernamental, “la que deberá ser institucional y evitar la promoción personalizada de los servidores públicos”.

La demanda señala también que carece de certeza jurídica el supuesto de elección consecutiva de Presidentes y Diputados, “pues el dispositivo solamente obliga -literal- a solicitar licencia, más nunca advierte separación del cargo, lo que da margen de interpretación y al tiempo de simulación”.

Zamudio Cortés indicó que la reforma no establece claridad si la licencia deba ser entregada y aceptada un día antes del inicio de campaña o basta con la presentación de solicitud y en el caso de ser negada por el Ayuntamiento. La consecuencia de ello, prosigue, es “que evidentemente atentaría contra el principio esencial de equidad electoral, por lo que debe establecerse con claridad que el requisito es separación del cargo y no la simple solicitud de licencia”.

“Nunca se advierte la contienda interna o precampaña, como supuesto”. El principio de equidad electoral, continúa, no sólo aplica en la contienda constitucional, sino desde el proceso de elección de candidatos que sigue cada instituto político. La legislación, continúa, debió prever el derecho de los partidos para determinar, conforme a lo que a sus normas y determinaciones competa, la separación del cargo de los funcionarios que pretendan la elección consecutiva.

El dirigente perredista afirmó que el proceso electoral del 2018, es de por sí previsible como un evento complejo, “donde existen elementos diversos a procesos anteriores, como son el malestar social, derivado de la ineficacia de los gobiernos para resolver lo mínimo elemental para garantizar estabilidad y paz social, así como los escándalos de corrupción y la violencia que amenaza terminar con la capacidad de asombro de los mexicanos”.

Es necesario, destacó, que una figura como la reelección, “que es un nuevo elemento en el escenario electoral contemporáneo”, tenga reglas o normas que permitan certeza y equidad en el proceso. Estas normas, arguyó, “no fueron atendidas por el Legislativo estatal, donde una mayoría panista construyó una legislación con visión sectaria y que nada contribuye al fortalecimiento democrático que demandan nuestro estado y nuestro país”.