Cuando Octavio Paz publicó El Postdat: Vuelta al Laberinto de la Soledad, nos describió como un país atrapado en un “laberinto”, producto de una cultura política del cinismo, arraigada profundamente en nuestra historia. Años después, en 1982 nos volvió a remarcar el “Latin America and elections” que “un país sin elecciones libres es un país sin voz, sin ojos y sin brazos”.

Estábamos entonces con las venas abiertas por el movimiento estudiantil de 1968 que pedía, ante todo, una revolución democrática, algo que el viejo régimen abrió con las reformas políticas de 1977 y de 1986-87. Después vendría el sismo de 1985, un sismo social y político que despertó a una ciudadanía a exigir mayor participación. Las movilizaciones sociales previas contra las políticas económicas, contra la corrupción, contra el alineamiento mediático alrededor del “dedazo” presidencial, contra la persecución de las ideas políticas y contra el régimen de un partido de Estado, dieron pie para surgiera el Frente Democrático Nacional y el efecto de las candidaturas de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y de Manuel J. Clouthier. Desde entonces, la sociedad exigiendo la ciudadanización de los órganos electorales, la ciudadanización de la vida pública del país para que el Estado/gobierno no fuera juez y parte de la inconformidad social.

El 2000, el proyecto de la alternancia en México se probó, cuando el entonces Instituto Federal Electoral, como órgano encargado de organizar y calificar las elecciones, impidió que la presión de los sectores duros del viejo PRI tuviera éxito. No se repitió la histórica caída del sistema ni la suspicacia de un fraude electoral a favor del partido en el gobierno.

El triunfo de la alternancia tendría otros obstáculos. Había una gran interrogante si la autonomía operativa de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, iba a ser efectiva o se repetiría el viejo sistema vertical del presidencialismo. De algún modo, dicha prueba también ha sido superada, pues los poderes cada vez tuvieron más independencia y la voz y el mandato a la figura del presidente de la República enfrentó desde 1997, cotidianamente, la oposición y crítica de los otros Poderes.

Gracias ello, se dieron pasos importantes para construir la cultura de la transparencia gubernamental, las instituciones financieras y las de política social, así como la autonomía a las directrices del Banco de México y del INEGI, entre otros organismos, han tendido a quedar sujetas a la rectoría del Estado y no a la voluntad del presidente en turno. El equilibrio de poderes ganado en el 1997 sigue rindiendo frutos, a paso lento, pero con avances.

En más de una década, de 1997 a 2018, la transición de México a la democracia fue la manera en que ésta evolucionó, gradual y pacíficamente, con todo y que el IFE/INE quedó por momentos atrapado por la partidocracia y por la presión de los poderes fácticos de los medios. Los riesgos que advierte Porfirio Muñoz Ledo respecto a que el INE pudiera ser embestido por políticas añejas debe tomarse en serio y defenderlo.

Sin embargo, este tipo de elementos no han sido suficientes para producir el cambio esperado ni que el país tienda a dejar atrás el estancamiento.

Producto de esta lógica política y de la estridencia con que se han conducido las campañas, se presentan algunos elementos que deben analizarse con más detenimiento por las implicaciones que tienen para el tránsito que ha tenido el país en su democratización.

El nivel de la contienda se encuentra en el más bajo en la historia moderna del país. Las ideas, las propuestas y el debate de altura, han quedado relegados y difícilmente podrían posicionarse en el electorado. La publicidad negra, las acusaciones que buscan polarizar, el tono desafiante y la denigración del adversario, que se han vuelto común en las campañas de otros países, en México podrían haberse instalado de manera definitiva.

Los escenarios apocalípticos del devenir del país, promovidos por diversos actores políticos y económicos, los cuales anticipan retrocesos, estancamientos, caos y crisis son tan dañinos como cuando la gente del poder político condiciona, sin términos medios; que “si no estás conmigo estás contra mí”.

La contaminación del espacio para el diálogo sigue su ascenso. La confrontación y la polarización de la sociedad está llegando a los formadores de opinión de manera muy riesgosa, pues cuando ese nivel llega a destruir la opinión pública no hay mediaciones ni formación de masa crítica para encontrar salidas a crisis futuras como país.

La descalificación a la voluntad ciudadana, sustentados según sea el momento, al repunte del presidente en las encuestas o con señalamientos reiterativos de un complot para “derrocarlo”, lo que no abona en nada a lo que hemos alcanzado como transición pacífica a la democracia. El gobierno y la oposición si quieren una nueva reforma deben estar obligados a negociar las reglas del juego, pero que éstas no signifiquen el regreso al pasado, al país sujeto a la voluntad unipersonal del presidente de la República.

El poder político no puede quitarles voz ni ojos ni brazos a los ciudadanos. El movimiento cívico que nació en 1968 requiere también de nuevos impulsos para cambiar, para bien, la cultura política de los mexicanos y no regresar a un pasado que hemos superado.