El Poder Judicial Federal, una vez más en lo que va del sexenio, tendrá que definir en dos temas fundamentales para los ciudadanos comunes del país y, por el impacto transexenal, en lo que se refiere al cambio de poderes en el 2024. El sentido con que el voto de la mayoría de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede modificar la política de derechos humanos, de seguridad interior y presunción de inocencia.
Dos temas que son de gran preocupación para los defensores de derechos humanos y corrientes de opinión de organizaciones civiles y académicas que desde hace cuando menos dos décadas se han opuesto a la militarización de la seguridad pública y han pugnado por la eliminación de la prisión preventiva oficiosa por ser injusta y porque afecta a los sectores más desprotegidos y con menores recursos económicos.
La Corte a Juicio
Más allá de las minucias legales, la discusión ha puesto la presión política sobre la Corte, a la que los opositores a las disposiciones del Ejecutivo federal llaman a defender su autonomía ante los embates presidenciales, y los promotores de la 4T, a que los ministros asuman su responsabilidad para que las propuestas presidenciales pasen sin problemas y a no seguir siendo “conservadores” (como si el Poder Judicial pudiera ser de otro modo). Es decir, otra vez ponen en duda la división de poderes y otra vez el Poder Judicial de la federación está en juicio.
En lo que va de este sexenio, el protagonismo del Poder Judicial de la Federación ha ido al alza. Cada vez es más frecuente su participación en los grandes conflictos entre Poderes, en los resultados de los procesos electorales y en resoluciones sobre asuntos de trascendencia histórica. Los ministros han marcado las pautas en la agenda política que modifican el ambiente de la competencia por la Presidencia de la República desde 2000 al 2018. Aún más, varias votaciones de la Corte inciden sobre la vida interna de los partidos políticos, las candidaturas ciudadanas y la viabilidad de las propuestas electorales planteadas para los siguientes periodos de sesiones del Legislativo.
Esta situación provoca reacciones encontradas. Para unos, el ascenso de este “intervensionismo” de la Corte es un síntoma de la decadencia de nuestro sistema político. Para otros, es una participación sana, natural y hasta necesaria en estos tiempos, ante el fin de un régimen que manejó la división de poderes casi de manera unipersonal, vertical y simuladora; el viejo presidencialismo.
Sin embargo, en ambas discusiones hay exageraciones de las dos partes. Unas, porque en el afán de defender todo lo que viene de la 4T pierden la objetividad argumentativa y no convencen, aunque ganen y hagan maromas en sus posiciones. Otras, porque en tal de llevarle la contraria al presidente, quieren que a todo les resuelvan negativamente y si no, acusan que, el Poder Judicial, se ha doblegado. El balance hasta ahora desmiente las dos posturas, porque lo que ha caracterizado a este gobierno: apechugar los reveses y convertirlos en oportunidades de hacer propaganda como instrumento de presión a sus opositores.
El tema de discusión debería ser totalmente constitucional y de los especialistas del derecho, pero no, como todo, la política partidista invade discusiones que serán de trascendencia. A pesar de las acusaciones de que se ha roto la división de poderes y que el metapresidencialismo ha regresado, esto no ha sido así, aunque el titular del Ejecutivo federal así lo quisiera. Por una parte, es claro que al no contar con la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y en el Senado cada vez más evidente que la fracción de aliados de la 4T se han ido dividiendo y será difícil que la orden presidencial de conducir sus leyes se cumpla a pie juntillas.
Hoy en día, en el Poder Judicial los ministros han votado diferente a todas las iniciativas presidenciales. Con aprobación mayoritaria sólo cuatro iniciativas han tenido mayoría: la consulta para juzgar a ex presidentes; mantener la pregunta de ratificación de mandato; la constitucionalidad de los llamados “súper delegados” y la constitucionalidad de la industria eléctrica. Empatadas han sido otras cuatro: el manejo discrecional del Ejecutivo del ahorro presupuestal; la constitucionalidad de la compra de medicamentos; la calificación del fraude fiscal como delito grave; ordenar al INE continuar con la consulta de revocación de mandato; y la reducción de tiempos de Estado a radiodifusores. Rechazadas sólo han sido dos y fundamentales: el uso de las fuerzas armadas en seguridad pública, lo que requiere cambio constitucional obligado y el candado de diez años para funcionarios públicos federales que renuncien para incorporarse a la iniciativa privada.
Lo que ocurre en este momento con la prisión preventiva oficiosa, sólo deberá servir para que los ministros convoquen al Legislativo a una discusión más amplia y más precisa para que tomen determinaciones justas para la sociedad.
La frecuente intervención de la Suprema Corte de Justicia, como última instancia de las grandes controversias legales, constitucionales o políticas, deja al descubierto no sólo las deficiencias constitucionales federales y locales, sino que abre un frente que, a estas alturas, no ha sido revisado a profundidad: al otorgar a los magistrados la última palabra sobre los casos en cuestión, la soberanía popular como procedimiento de nuestro sistema –supuestamente democrático— parece quedar reducida a la opinión de una junta de notables [una opinión, además, dividida].
Si bien el Poder Judicial Federal ha fortalecido su función ante las demandas ciudadanas, no queda duda de que éstas siguen sin quedar del todo satisfechas. La ineficiencia con la que opera el sistema mexicano de justicia se ejemplifica día a día. Una de las grandes debilidades del Poder Judicial es la forma en que se elige a los integrantes del Consejo de la Judicatura; otra es el método de resolución de algunos aspectos fundamentales de las acciones de inconstitucionalidad, como la legitimación activa, la mayoría supercalificada de votación, etcétera. Baste mencionar que, en el proceso de renovación de sus integrantes, lo que imperó como viene haciéndose desde la época del PRI y luego del PAN fueron disputas partidistas, vetos políticos, repartición de cuotas y decisiones apresuradas y codependientes de los tiempos del Legislativo y del Ejecutivo federal. Una deuda absoluta de la 4T es la reforma al Poder Judicial para que éste sea menos burocrático, con menos trabas para una justicia expedita y sin pasar por los distintos nudos de corrupción.
La Guardia Nacional, la militarización disfrazada
«Si el Ejército Mexicano continuara en las calles, sería necesaria una ley de seguridad interior, ya que no es factible que el Ejército continúe haciendo labores de seguridad pública que no le corresponden sin un ordenamiento legal apropiado», así se pronunciaba el Proyecto Alternativo de Nación 2018-2024 de la coalición Juntos Haremos Historia. Sin embargo, al ser aprobada la Ley de Seguridad Interior por la mayoría del PRI y PAN, siendo ésta una demanda urgente de los altos mandos militares y marinos, Morena y PT llevaron a cabo una campaña dura y poco sustentada de acusaciones contra las Fuerzas Armadas en el sentido de que dicha legislación ampliaría la militarización y hasta colocar al país al borde de un “golpe militar”. Y así, se evitó que entrara en vigor y ahora, como gobernantes, se dieron cuenta de lo necesaria y quieren darle la vuelta en abierto desafío al orden constitucional.
En septiembre de 2005 el mexicanólogo Roderic Ai Camp publicó el libro Las Fuerzas Armadas de México en la Época Democrática ( Mexico’s Military on the Democratic Stage), en el cual plantea que “con la elección presidencial y la del Congreso federal en el horizonte, y un cambio generacional acechando dentro de las Fuerzas Armadas, el próximo sexenio presentará una coyuntura crítica en las relaciones de los civiles y los militares en México, lo que parecen ignorar los protagonistas de la política y de los cuerpos armados mexicanos, junto a los medios, a juzgar por la ligereza con que manejan sus comunicaciones e informaciones.”
En efecto, los cambios generacionales en las Fuerzas Armadas siguiendo su curso y sí, hubo grandes desencuentros con el poder civil en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto del que poco se habló; por ejemplo, el rechazo a que se importara el Plan Colombia a México y que se quisiera supeditar el poder militar a un mando civil como Genero García Luna, por citar dos asuntos. Claro, en este momento en las FFAA hay gran preocupación por la forma en que se conduce el debate y los señalamientos de que se militariza de más la administración pública y que se quiera sacarlos de las acciones contra el crimen organizado.
En la parte de la Guardia Nacional hay que entender que desde que nuestro país colocó el combate al narcotráfico como parte de su estrategia de seguridad, allá por 1982, las instituciones que han tenido el papel operativo para combatir a los cárteles y sus jefes narcotraficantes han fallado. Desde esa época, los presidentes que han utilizado a los mandos civiles, en Gobernación o en la extinta Secretaría de Seguridad Pública federal, han fallado. Por eso, el propio Andrés Manuel reconoció que cambió de opinión y por eso recurrir a las fuerzas armadas para enfrentar el problema que nos heredaron, y que probablemente también él nos heredará. (De hecho, cuestión de revisar a fondo la campaña presidencial de 2006, el tabasqueño regresó a las ideas que vino reflexionando cuando consideró ampliar facultades del Ejército para combatir la inseguridad y el narcotráfico).
Por lo anterior y ante tanta maroma, se hace necesaria y obligada que esta rectificación del presidente haga extensiva a su partido para que en el Congreso desempolven la Ley de Seguridad Interior que ellos abrogaron y con ello perfeccionarla para crear mecanismo de control sobre los gobiernos estatales en la política de seguridad.
Puntos suspensivos
En tiempos de futurismo político y de alta tensión, convendría hacer un llamado a la clase política para que impere el diálogo, la razón y sobre todo el interés de los ciudadanos por encima de sus intereses de grupo. El país requiere paz, armonía y más justicia; por ello, una tarea pendiente es la reforma al Poder Judicial para romper el tortuguismo con que se resuelven los juicios, los muchos nudos judiciales y corrupción por el que tienen que pasar miles de inocentes en las cárceles y junto con ellos, cargando a sus familias.
CORCHOLATERO DE LA CDMX
Sin sorpresas dos enlistas y dos inauditos en la lista de potenciales candidatos de la 4T al gobierno de la CDMX: Rosa Icela Rodríguez, quien tiene la mayor cercanía al presidente de la República y sus hijos desde tiempos de éxodos y fundación del PRD en Tabasco, sería sin duda quien tendría la bendición presidencial si de amistad se tratara, además de tener la trayectoria local amplia en los sectores social, político y de seguridad, además de gozar de proyección nacional. Clara Brugada, de Iztapalapa donde ha tenido su nicho y del que parece no querer salir, porque es la demarcación más grande, pero no suficiente para ser considerada competitiva frente a eventuales pesos pesados de la oposición. Martí Batres, quien aprovecha el espacio de la Secretaría de Gobierno para su proyección personal tiene la confianza de AMLO, pero no del partido, al que no dejan de acusarlo de sectario y provocador de divisiones. Y, como si fuera burla, Gerardo Fernández Noroña, quien viaja mucho al extranjero y ahora anda puebleando para autodestaparse como “candidato presidencial”, si ha sido visto dos veces en el distrito 4 federal por el que fue electo son muchas. ¿Quién lo toma en serio?
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