El espacio de Escipion

El relevo en la SCJN, retos y limitaciones

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+ Acapulco, 16 años bajo el fuego de los cárteles y sus pandillas

+ “Familia Michoacana” en Milpa Alta previo al conflicto en Xochimilco

+ Zacatecas, ¿bajo la operación de “Pánico Moral”?

+ Transparencia de los partidos políticos

La Suprema Corte de Justicia de la Nación. La tremenda corte. La impoluta Corte. La Corte de los conservadores y la Corte de los liberales en constante debate. La Corte de los sabios para preservar el Estado de derecho y la democracia liberal. Uno de los poderes la Unión de la República casi intocable y casi incuestionable entra hoy mismo a un proceso de renovación que podría ser histórico y hasta marcar una pauta para la posteridad y comenzar, ahora sí, con la transformación de las instituciones pilares del régimen político mexicano.

Hoy, a primera hora, en la página oficial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se publica la lista de candidatas y candidatos a la presidencia de la Corte y del consejo de la judicatura federal, pues el actual ministro presidente, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, terminará el 31 de diciembre su gestión de cuatro años en lo que queda de este agónico 2022.

El ministro Zaldívar dejará el cargo luego de rechazar extender su mandato por dos años por congruencia y por mandato de la Constitución, como lo hubiera deseado el Ejecutivo federal y que significó uno de los grandes fracasos del entonces director jurídico de la presidencia Julio Scherer Ibarra.

La nominación del o la sucesora del ministro Zaldívar se hará en sesión pública solemne el 2 de enero de 2023, despejando muchas dudas sobre el perfil que habrá de tener la siguiente Suprema Corte en el penúltimo año del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Y es que, en lo que va de este gobierno el protagonismo del Poder Judicial de la Federación se ha mantenido constante. Cada vez es más frecuente su participación en los grandes conflictos entre Poderes, en los resultados de los procesos electorales y en resoluciones sobre asuntos de trascendencia histórica como son las contrarreformas al otrora Pacto por México del sexenio de Enrique Peña Nieto, algunas de ellas concluidas en fiascos como es la reforma energética y otras con éxito relativo, dado que siguen generando inconformidad como es la educativa y que tiene a la CNTE-CETEG de nuevo en el Zócalo de la CDMX. Unas más, son legislaciones aún en vías de evaluación con es la aprobación para que militares sigan en tareas de seguridad pública y la actual, la reforma político-electoral en veremos.

Esta situación particular en la vida política de México provoca reacciones encontradas. Para unos, el ascenso de este “intervencionismo” es un síntoma de la decadencia de nuestro sistema político. Para otros, es una participación sana, natural y hasta necesaria en estos tiempos, ante el fin de un régimen que manejó la división de poderes casi de manera unipersonal, vertical y simuladora.

Sin embargo, en los últimos tres lustros, la frecuente intervención de la Suprema Corte de Justicia, como última instancia de las grandes controversias legales, constitucionales o políticas, deja al descubierto no sólo las deficiencias constitucionales federales y locales, sino que abre un frente que, a estas alturas, no ha sido revisado a profundidad: al otorgar a los magistrados la última palabra sobre los casos en cuestión, la soberanía popular como procedimiento de nuestro sistema –supuestamente democrático— parece quedar reducida a la opinión de una junta de notables; una opinión, además, dividida.

Ayer, casualmente, un caso que ejemplifica la lentitud y deficiencias del sistema de justicia en México, la Suprema Corte comenzó la revisión del caso del documental “Duda razonable”, en el cual ciudadanos tabasqueños fueron absueltos luego de más de dos años de prisión preventiva, pero, al mismo tiempo, tres de ellos son vinculados a proceso por otra tentativa de secuestro relacionada, sin prueba alguna, y sometidos de nuevo a prisión preventiva. Por si fuera poco, la jueza del caso fue acogida por la Fiscalía de Puebla donde es protegida.

Pero no queda ahí, esa “última palabra” en manos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el que ha puesto de relieve las amenazas para nuestro proceso democrático al quedar en ellos la última palabra para decidir una elección, incluso, la presidencial.

Los aspirantes para presidir el poder judicial son Norma Piña Hernández, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Yasmín Esquivel Mossa, Javier Láynez Potisek y Alberto Pérez Dayán. Como suele ocurrir, los ministros tienen vinculaciones con los presidentes de la República que los promovieron al cargo: Piña, Gutiérrez, Laynez y Pérez Dayán fueron consensuados en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Por su lado, Esquivel parece ser la única carta afín a la cuarta transformación.

La Corte nunca ha tenido una mujer y, si todo está planchado, podríamos estar en la antesala de lo que sería algo histórico al ser elegida una presidenta. Pero que llegue una femenina no es suficiente, se requiere que el Poder Judicial sea más acotado, vigilado, sancionado y hasta quitado de participar en ciertas decisiones. El que se mantengan viejos vicios, corruptelas y actuaciones disfuncionales en la estructura baja y alta de este Poder, simplemente representaría un gran fracaso ante la carta de buenos deseos de la mayoría de los aspirantes a presidente este poder de la Unión.

Acapulco 16 años bajo las células delictivas

Acapulco registró el pasado lunes 5 de diciembre, diez personas asesinadas, cinco de ellas dentro de un antro en la zona Diamante, tres más frente a una estación de bomberos, uno más en el exclusivo fraccionamiento Las Brisas y otro, encajuelado en un taxi en la colonia Ciudad Renacimiento. Los reportes policíacos de Estado, señalan que tres hombres más, resultaron heridos de bala y dos presuntos sicarios con armas de alto poder, fueron detenidos en la avenida turística Costera Miguel Alemán, este mismo lunes.

Las células delictivas han sentado sus reales desde 2006, cuando el ahora Senador Félix Salgado Macedonio, fue alcalde de Acapulco y comenzaron a disputarse el puerto: los «Zetas» de Tamaulipas, el cartel de Sinaloa, Los Beltrán Leyva, Edgar Valdez Villarreal, alias “La Barbie”, siendo estos últimos los que han predominado en el puerto turístico.

Células o brazos armados de los Beltrán Leyva como el Cartel Independiente de Acapulco CIDA, “Los Rusos”, la UPOEG y operadores del narco en Acapulco, como lo hacía, el ex suegro de la ahora gobernadora Evelyn Salgado Pineda, Joaquín Alonso Piedra, alias «el Abulón», o bien «José Ángel Galeana, «el Capuchino», mantienen la disputa por el control de la droga en el puerto.

El 6 de julio de 2017, 28 internos que fueron señalados como integrantes de la célula «La Barredora», fueron torturados y asesinados por presos identificados con «el CIDA», dentro del penal de Acapulco y autoridades penitenciarias fueron vinculados jurídicamente por esos hechos.

Acapulco, perdió su brillo turístico, cerró la mayoría de sus negocios, la hotelería experimentó por primera vez en su historia una caída hasta quedar en máximos del 30 por ciento de ocupación y las drogas se extendieron a todos los rincones, estratos sociales y edades, mientras que la corrupción permeó a las autoridades municipales, estatales y federales.

Mientras, la gobernadora morenista Evelyn Salgado Pineda mantiene su optimismo y afirma que «está en marcha la transformación de Guerrero» y aplaude la «estrategia» de seguridad en Guerrero, ante la ola de violencia que mantiene a Acapulco como la quinta ciudad más peligrosa de México y Guerrero en el octavo lugar nacional en homicidios, mientras que la Autopista del Sol, se ha convertido en una de las vías carreteras más peligrosas del país. Además, por si pasaba por alto, las extorsiones en la Tierra Caliente pegan y alzan precio de las gasolinas, previo a la ola de migrantes que llegan de EEUU a la región.

“Familia Michoacana” en Milpa Alta previo al conflicto en Xochimilco

Un capo de la “Familia Michoacana” de Guerrero, vinculado a los hermanos Hurtado Olascoaga, apodado “El Zarco” fue anunciado como jefe operativo de la organización en Milpa Alta y previo a los conflictos sociales en Xochimilco. Al mismo tiempo, el diario “Basta!” acusa vinculaciones de células delictivas con funcionarios de estas alcaldías. ¿Qué se estará cocinando en estas demarcaciones donde siguen operando las redes delictivas que vienen de Guerrero y de Morelos?

Zacatecas, ¿bajo la operación de “Pánico Moral”?

La teoría del pánico se refiere cuando el Estado crea crisis social necesita legitimar acciones de dureza contra los propios ciudadanos, sin importar la vulneración los derechos de los civiles. Se aplica para pedir la presencia del Estado a través de sus fuerzas para restablecer el orden y se justifica con la salida de sus gobernantes legítimamente electos. “Se engrandece al Estado como ente ‘salvador’ por restablecer el orden y se genera una aparente paz y tranquilidad desviándose así la atención del origen del problema. Se justifica la militarización bajo el pretexto de mantener la paz social. Se acaba con las protestas y manifestaciones”. Escueta explicación tomada del portal de Aristegui.

Transparencia de los partidos políticos

A partir de la reforma político-electoral de 2014 los Partidos Políticos dejaron de ser sujetos obligados indirectos y se convirtieron en sujetos obligados directos en materia de transparencia. Esto es, cuando se realizaba una solicitud de información dirigida a cualquier partido político, llegaba directo al Instituto Nacional Electoral, para después remitirla al partido político del cual requerían información, a partir de esta reforma las solicitudes van dirigidas directamente al instituto político para que dé respuesta a dicha solicitud. Bueno, pues contra una práctica que parecía irremediable, al menos en el papel, la mayoría de los partidos políticos como PRI, PAN, PRD, MORENA, PES, PVEM y PT han entendido y se han acuerpado de profesionales que han facilitado información al cien por ciento, y en casos como el PRI llevan tres años consecutivos cumpliendo con esta disposición. Las nuevas obligaciones en materia de transparencia para los partidos políticos generan retos importantes en proactividad de transparentar la información como: el financiamiento público, elección de sus dirigentes y candidatos, indicadores para rendir cuentas en cuanto a resultados, además de encontrar las formas de conciliar la transparencia con la protección de datos personales sensibles. Importante saberlo para exigir dichos datos en las instancias correspondientes.

Contacto: feleon_2000@yahoo.com