+ Y mi palabra es la Ley
+ Expropíense y revísense títulos de concesión
+ Gobierno de coalición, fuego fatuo
El Poder Judicial Federal, como nunca antes, está teniendo una intervención fundamental en la vida política del país en especial a lo que se refiere al cambio de poderes del 2024, lo cual alterará los equilibrios que deben existir entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.
¿En qué sentido el Poder Judicial puede modificar el rumbo político del país? ¿Qué influencia tienen los ministros de la Suprema Corte en la definición de la agenda política de la sucesión presidencial? ¿Hasta dónde los ministros afectarán la correlación de fuerzas entre presidenciables?
Muchas preguntas hay alrededor de la abierta confrontación que tiene a los tres poderes de la Unión envueltos en señalamientos, hostilidades y campañas sucias como no ocurría desde la reforma estructural que promovió el gobierno de Ernesto Zedillo y que abrió muchas resistencias, pero que aun así lograron salir adelante.
El 31 de diciembre de 1994 el Poder Judicial Federal tuvo una gran reforma que le permitió transformarse y se buscaba estar acorde con los nuevos tiempos que pedían construir consensos en un país cada vez más plural. De este modo, quedó integrado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral, los Tribunales Colegiados, los Tribunales Unitarios de Circuito, los Juzgados de Distrito y el Consejo de la Judicatura Federal. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es el máximo tribunal de la República y es la responsable de resolver controversias entre la Federación y las entidades federativas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se integra por 11 ministros que, nombrados por la Cámara de Senadores a propuesta de una terna que envía el Presidente de la República, sin duda, ya debe cambiarse.
Contra lo que los convocantes a la marcha en defensa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la realidad es que el Poder Judicial de la federación y de todos los estados sí urgen, necesitan y requieren nuevos ajustes, porque es una demanda ciudadana, quizá no digerida ni expresada correctamente, pues si bien hay reconocimiento al prestigio de los integrantes del Poder Judicial también hay un ambiente de inconformidad porque, como en muchas cosas, la justicia también es cuestión de dinero.
Resultado de años de violencia por el crimen organizado también se magnifica el papel de la justicia doblegada por el dinero, pues los gobiernos federal, de la CDMX, estatales y municipales han señalado los casos de jueces corrompidos por el narcotráfico. Todos ellos exigen una respuesta del Consejo de la Judicatura, ya que éste funge como órgano de control del Poder Judicial; pero el Consejo ha quedado a deber mucho con estos impartidores de justicia que dejan libres so pretexto de fallas de las fiscalías en la integración de los expedientes.
(Por supuesto, estas líneas no justifican en nada a los llamados “tontos con iniciativa” que como el gobernador Cuitláhuac García llevan a cabo una ofensiva intolerante y poco razonada contra la presidenta ministra de la SCJN. En nada le ayuda a la causa de reformar al Poder Judicial y sí abona al repudio ciudadano.)
No es para menos, a la luz de los resultados alcanzados desde la reforma zedillista de 1994, cuando se restructuró la Corte, se tenían como objetivos fortalecer al Poder Judicial para que no estuviera supeditado a otro Poder; desarrollar y reglamentar un modelo más ágil y transparente para la resolución de controversias constitucionales como las que vienen siendo tema de debate desde el Pacto por México hasta las contrarreformas de la Cuarta Transformación; profesionalizar y depurar al actual cuerpo de jurisprudencia: jueces, abogados y magistrados; construir vasos comunicantes con todos los sectores de la sociedad; y demostrar credibilidad al momento de tomar decisiones independientes de los factores político-partidistas.
Lo que sí es un hecho es que, en lo que va de este sexenio, el protagonismo del Poder Judicial de la Federación ha ido a la alza. Cada vez es más frecuente su participación en los grandes conflictos entre Poderes, en los resultados de los procesos electorales y en resoluciones sobre asuntos de trascendencia histórica. Y cuidado, porque la partidocracia de la desconfianza llevó a judicializar todas las vertientes de precampañas y campañas podría entrampar a más de un potencial presidenciable, toda vez que podrían ser descalificados aunque sean los más populares (y ya ocurrió en Guerrero y Michoacán recientemente).
Esta situación particular en la vida política de México provoca lecturas encontradas: el fortalecimiento de la autonomía del Poder Judicial frente a los poderes Legislativo y Ejecutivo, o este “intervencionismo” es un síntoma de la decadencia de nuestro sistema político y la insana convivencia republicana.
Sin embargo, sus decisiones dependen mucho del perfil de los ministros que componen a la Suprema Corte: liberales o conservadores, afines al bloque del poder en turno porque el método de selección de sus integrantes depende de la correlación de fuerzas de la partidocracia en el Congreso de la Unión y de la voluntad del titular del Ejecutivo para proponer o vetar a algún candidato. Un círculo vicioso que, sin duda debería ya romperse, pero que tampoco es sano convocar a una elección abierta mientras no haya una maduración en nuestra cultura política y mayor ciudadanía para saber elegir a quienes impartirán justicia llana y no por intereses electorales.
El Poder Judicial nos sigue quedando a deber mientras no se reforma por sí mismo. Y nos referimos a los casos probados de nepotismo al interior de la Corte y el Consejo de la Judicatura Federal donde familiares de jueces, magistrados y ministros tienen asegurada su chamba. Más grave es que el rezago de asuntos de relevancia para el gobierno y los actores sociales, políticos y económicos es de casi dos decenas de expedientes que tienen cuando menos dos años y que ha permitido, por omisión, que sigan operando decretos en la incertidumbre jurídica; ni se diga cómo vamos hacia abajo a las salas impartidoras de justicia donde se tiene a más del 40 por ciento de presos sin sentencia, más de 227 mil expedientes a diciembre de 2022. Ni se diga de otros casos controversiales que deberían esperar en materia penal o administrativa.
Ciertamente, a muchos les parece correcto que los fallos recientes de la Corte a los decretazos del Ejecutivo Federal sean una muestra de una participación sana, natural y hasta necesaria en estos tiempos, con el fin de que se demuestre que la República goza de cabal salud, a pesar de toda la estridencia que se maneja en las benditas redes y en los acarreos callejeros de los “tontos útiles” de los profesionales de la politiquería.
La Corte sí se toca y se debe tocar, para fortalecerla, pero no para regresarla a formar parte de un régimen que manejó la división de poderes casi de manera unipersonal, vertical y simuladora.
Y disculpen los seguidores del presidente, pero para López Obrador el Poder Judicial debiera ser acotado, vigilado, sancionado y hasta desaparecido en ciertas funciones. El que existan ciertos vicios, corruptelas y actuaciones disfuncionales en la estructura baja de este Poder es el pretexto ideal para ejercer presiones políticas y exigencias de negociación sobre los magistrados de la Suprema Corte. Pero la verdad es que la sola búsqueda de acotamientos a las funciones del Poder Judicial representa una alarma para el sistema democrático mexicano y un retroceso al presidencialismo de poder metaconstitucional.
Una situación de esta naturaleza, en lo inmediato, dejaría en entredicho el papel imparcial que jugaría la SCJN en el proceso electoral de 2024. En el mediano plazo, para el próximo gobierno, sea del signo que sea, este acotamiento y descalificación al Poder Judicial pone al país en una gran desventaja, pues ni garantiza certidumbre jurídica ni estabilidad social.
Digamos que sí, la Corte se toca pero para modernizarla y ciudadanizarla, no para ser un ente simulador del republicanismo. Pero así como este poder debe cambiarse, es también urgente que se hagan reformas al Poder Ejecutivo, tanto federal como los estatales, con el fin de contener al metapoder que asumen los cargos y que convierten en abuso de poder mientras su tabique sexenal les da esa posibilidad. Y por supuesto, también se requiere un cambio radical al Poder Legislativo con el fin de que cada representante popular realmente respete el mandato popular y a su camarilla, su partido o su interés personal, pero sobre todo que se ponga fin a la partidocracia, al negocio de los partidos políticos y la denigración de la política. En pocas palabras, una Nueva Constitución, cosa que deberá ser tarea de quien tenga altura de miras para el 2024.
Y mi palabra es la ley… El rezago, vacío y omisión del Poder Judicial a resolver diversas controversias constitucionales ha permitido que el Poder Ejecutivo mantenga una línea de decretos constantes, sin contar con los juicios de amparo que han promovido particulares contra decisiones de autoridades. La incertidumbre jurídica es resultado de la falta de celeridad en la tutela jurídica que debe darnos a todos los ciudadanos el Poder Judicial.
“Exprópiese”, lecturas y puntos finos… Está bien que la utilidad pública sea motivo de las expropiaciones, por ejemplo, para un amplio programa de vivienda popular, pues hay miles de viviendas y terrenos urbanos y semi urbanos sin ocupar, mientras el costo de una vivienda en compra o renta sigue subiendo. Ahora bueno, también sería recomendable hacer una revisión a fondo de los títulos de concesión y permisos a grandes corporativos nacionales y extranjeros y que se ponga a revisión el impacto social al que se comprometieron, además del respeto a la soberanía nacional: televisión, radio, telefonía, internet; autopistas; puertos; aeropuertos; entre otros… Bueno, en el caso de Grupo México es más interesante, porque forma parte del proyecto Transístmico, el único que ha apoyado el gobierno de EEUU y que lo considera un asunto prioritario.
Y el PRIANRD por gobierno de coalición… Viejas caras, de apellidos harto conocidos y rechazados, una de las oposiciones partidistas de “Va por México” quieren lanzar como oferta lo que Beltrones y Camacho Solís ya habían diseñado como oferta de campaña en 2012. Si en esa época el señuelo de “gobierno de coalición” fue poco atractivo, ahora menos cuando la posibilidad de que esta alianza fructifique para el 2024.
Contacto: feleon_2000@yahoo.com
