Agradar cuando se recaudan impuestos y ser sabio cuando se ama,
son virtudes que no han sido concedidas a los hombres.
Edmund Burke (1729-1797), escritor, filósofo y político irlandés.
A lo largo de los años, pero lo hemos visto de manera patente y ostentosa en lo que va de este azaroso siglo XXI, ha existido un afán desmesurado por competir en los procesos de selección de candidatos a un determinado puesto político. Tal vez antes había un poco más de discreción y los procesos preliminares de selección, se sucedían en espacios que los partidos políticos destinaban para este fin. Sin embargo, a últimas fechas, se ha decidido abrir esos procesos internos, con la intención de exhibir que son limpios, democráticos, transparentes, de tal forma que la misma sociedad juzgue que los seleccionados, llegarán a las elecciones con el visto bueno de sus partidos, como garantía de que no existen factores irregulares que puedan afectar negativamente, ni al candidato, ni al partido postulante.
Lo curioso es que ha sido evidente que esa apertura ha resultado contraproducente, pues la sociedad testifica la rebatinga de las feroces luchas internas, en las que, en contraste a que los aspirantes muestren sus atributos, así como programas operativamente factibles de atención inherente a las necesidades de los ciudadanos, son capaces de lanzarse salvajes ataques a la integridad moral, entre sí mismos, presentando datos y pruebas que acreditan acciones que, incluso rayan en la delincuencia, cometidos por parte de los adversarios, con una ligereza que asusta, pues tal parece que en ese afán combativo, lo que terminan por mostrar es su verdadera cara e intenciones, así como las de sus agrupaciones políticas, de que los objetivos se centran en la apropiación del poder, para fines muy distintos a los que marca una agenda enfocada a un servicio público eficiente y de calidad, en beneficio de la ciudadanía.
Una vez designados los candidatos en las elecciones internas y se da curso a los períodos electorales regionales, estatales, o federales, la tendencia en el carácter de los enfrentamientos entre los candidatos, en lugar de fundamentarse en propuestas sólidamente argumentadas y ser discutidas a través de debates públicos respetuosos y retroalimentadores, encaminados a demostrar los atributos personales de los aspirantes ante la sociedad, y evidenciar honestidad, transparencia, liderazgo, proyectos con claridad de objetivos, tiempos y metas, capacidad de gestión de recursos, integración de un equipo humano funcional y experimentado de trabajo, vuelven a la carga con diatribas, menosprecios, escarnios, acusaciones entrecruzadas de actos ilícitos, corruptelas, asociaciones delictuosas demostrables, con una desfachatez y trivialidad incomprensible para una nación que busca elegir a los responsables de encauzarla con pasos firmes, hacia mejores rumbos de desarrollo integral, de una sociedad expectante que no logra concretar un estado de bienestar justo y equitativo.
Es lamentable confirmar a través de estos procesos electorales y de las acusaciones mutuas lanzadas entre los aspirantes, la inoperancia de las instituciones actuales, que demuestran una actitud apática y peligrosamente facciosa, que normaliza los hechos y los trata de manejar como algo trivial en la política, como propaganda populachera en estos tiempos de tiktok y de redes sociales, aun cuando en las narices de las fiscalías, los aspirantes se lanzan imputaciones gravísimas, muchas de ellas merecedoras de atención mediante carpetas de investigación, hasta sus últimas consecuencias. Aquí lo deplorable es, la manifiesta impunidad que campea en las altas esferas políticas actuales, la avasallante prioridad por los intereses personales y grupales, en total perjuicio de los genuinos beneficios para la nación.
¿Qué hace pues que los políticos en tropel, se vayan de boca para “servir al pueblo”, haciendo promesas huecas? Y sabiendo todos que las promesas políticas en campaña son huecas ¿Qué factores inciden para que en la ciudadanía no prenda un espíritu renovador, que corrija las marcadas desviaciones al auténtico concepto de servicio público? Eso es un asunto digno de una reflexión seria, serena y muy oportuna, sobre todo para aquellos aspirantes a puestos públicos, que los hay, que buscan crear a través de una labor política honesta y eficiente, nuevas y mejores condiciones de gobernanza, con la cartera ocupada en diagnósticos detallados, lista progresiva de prioridades y cadena de soluciones.
En el año de 2025, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), reportó una recaudación fiscal que alcanzó la cifra de $6,045,795,000,000. Sí, 6 billones, 45,795 millones de pesos; un océano de dinero público que significa una tentación muy atractiva para los interesados en amasar fortunas. Hay dichos populares que se pueden insertar en el contexto: Cuando se ruega a Dios por auxilio en crisis económicas, es común la expresión, “Señor no te pido que me des, nomás ponme donde hay”, y ante tales cantidades de recursos se apela a la lógica perversa de, “sería como arrancarle un pelo a un gato”, lo que alimenta esa actitud descrita por el político Carlos Hank González, celebre por el descaro de su frase, “un político pobre es un pobre político.
En el desglose tributario, casi 3 billones de pesos ingresan por el cobro de Impuesto sobre la Renta (ISR), alrededor de un billón y medio de pesos debido al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el resto, 670 mil millones de pesos, por la recaudación del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS), recordando que todos los mexicanos, en mayor o menor medida, colaboramos, con nuestras trabajo, compras y pago de derechos, a la suma de estos ingresos.
¿Podemos considerar justo el balance entre los atributos de los políticos en el gobierno y los tributos sumados por el gobierno, sin incluir aquí los ingresos correspondientes por el cobro de impuestos, derechos y servicios municipales y estatales?
Estimo que históricamente hemos presenciado un derroche aterrador de recursos fiscales, tanto por aplicación ineficiente, como por malversación de fondos hacia bolsillos corruptos que merman ostensiblemente el aprovechamiento de los mismos, para la obra pública en beneficio de las comunidades. Es una paradoja que siga siendo precisamente este argumento el que los candidatos a gobernar, sigan utilizando impúdicamente para tratar de convencer a la ciudadanía de que, ahora sí va en serio la transformación de México, de que no les temblará la mano para arrancar de raíz la corrupción, barriendo de arriba para abajo.
Hay pues, razones poderosas para mantenerse en el poder. Por desgracia, los resultados globales de los últimos gobiernos así lo demuestran, con solo asomarse a la realidad de un desarrollo nacional mediocre, que no termina de construir la cimentación sólida de un progreso real y sostenido para la nación mexicana, en salud, educación, seguridad, impulso a la inversión nacional y extranjera para la creación de plazas de trabajo justamente remunerado, con impacto en una economía sana y creciente.
Las promesas del anterior sexenio presidencial y del presente, han perdido gradualmente certeza y han dado lugar, por lo menos, a lo que en derecho penal se denomina como “dudas razonables”. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, considerando un total de 10 billones, 193 mil millones de pesos, cantidad que excede en alrededor de 4 billones la recaudación tributaria federal, distribuidos en Gasto Programable (7 billones, 70%), aplicado a salud, educación, infraestructura y programas sociales, y Gasto No Programable (3 billones, 30%) para estados y municipios y costo de deuda pública.
Los programas sociales se llevan alrededor de 1 billón de pesos, de los cuales las pensiones para adultos mayores se llevan la mitad, con una cobertura actual de 14 millones de personas, sin ningún estudio socioeconómico de por medio, como para optimizar el impacto benéfico en adultos mayores que carecen de una prestación de retiro laboral. Las pensiones para mujeres bienestar, y personas con discapacidad absorben más de 90 mil millones de pesos.
Cabe señalar las suspicacias en la asignación de recursos referentes a becas estudiantiles, a los programas de jóvenes construyendo el futuro, sembrando vida y vivienda social, que suman un egreso de 277 mil millones de pesos y que son distribuidos sin lineamientos, sin sistemas de evaluación de resultados. Es interesante observar que el presupuesto de programas sociales supera al de salud, ligeramente menor al billón de pesos y que es equivalente al de educación, con un presupuesto de 1.2 billones de pesos, lo que genera recelos fundamentados, de que los recursos públicos asignados para programas sociales, tienen un sesgo político de carácter electorero.
No es la intención hacer un análisis completo sobre el Presupuesto de egresos de la Federación, pero es necesario puntualizar sobre el empeño oficial de la asignación de recursos, al parecer sin fondo, ni sustentabilidad y de seguir empecinados en subsidiar las obras magnas del sexenio pasado, que sólo absorben presupuesto, sin indicar costos y tiempos específicos de cumplimiento. Con esta tendencia, al corto plazo no habrá ingreso suficiente para contar con un presupuesto mínimo necesario para cubrir siquiera las necesidades básicas del país.
Queda para el final, la incertidumbre sobre los factores adicionales y muy significativos que restan recursos públicos por actos de corrupción por peculado y cohecho, por asignación de recursos para obra pública mediante el tráfico de influencias y por actos de asociación con la delincuencia organizada, que han representado miles de millones de pesos desviados hacia las organizaciones criminales y políticos en contubernio.
Es fundamental que la sociedad se tome tiempo para hacer sus cuentas y ver que no cuadra el balance, pues los atributos de los servidores públicos se desvanecen notablemente, con el simple hecho de sumar y restar en los tributos. Esta preocupación debe transformarse en la ocupación de prestar atención a los perfiles de los candidatos que nos ponen en las boletas y exigir evidencias incuestionables con respecto a su honorabilidad, capacidades y experiencias para llevar a cabo los ejercicios de gobierno y subrayar la imperiosa necesidad de establecer sistemas rigurosos y efectivos de evaluaciones periódicas.
Cabe pues subrayar: en México es evidente la creciente falta de credibilidad en las opciones políticas actuales es, lamentablemente, a todos los niveles y sin distinción de partidos. Es absolutamente necesario un cambio.
Juan José Guzmán Andrade
Ecos de mi onda
Guanajuato, Gto., 7 de septiembre de 2026.
