Carmen Pizano
Guanajuato, Gto. 10 de agosto de 2010.- A pesar de que el estado no cuenta con el equipo ni el personal capacitado para atender los casos de narcomenudeo en la entidad, la reforma que faculta al Ministerio Público y a los jueces estatales a dar seguimiento a este delito, tendrá que entrar en vigor durante los próximos meses, aseguró el legislador Francisco Mijangos, Presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso estatal.
“Los delitos de narcotrafico cuando sean en el concepto de narcomenudeo, es decir dosis hasta determinadas proporciones, que antes sólo eran juzgados por jueces federales, a partir de esta reforma, que nos es obligada desde la federación, van a poder ser atendidos desde el estado”, mencionó.
Minutos después de que la Comisión de Justicia, de la que Mijangos también forma parte, aprobara el dictamen que faculta a las autoridades estatales para atender el narcomenudeo, el legislador panista reconoció que el estado no cuenta con las herramientas necesarias para hacer frente a este delito.
“Los juzgados no tienen los equipos de seguridad, de protección para el resguardo de estupefacientes, para el resguardo de todo este tipo de cosas y además hablamos de que los jueces en el estado van a tener que procesar a un nuevo tipo de delincuencia, que antes sólo era de competencia federal y esto sí representa una dinámica de riesgo distinta” subrayó Mijangos Ramírez.
Agregó que dentro de la Ley General de Salud se encuentra el tabulador de dosis para que los jueces determinen si las drogas encontradas son para uso personal, narcomenudeo o narcotráfico y puso como ejemplo la marihuana, de la que hasta 5 gramos se considera de uso personal; hasta 5 kilogramos es narcomenudeo, pero si excede de esa cantidad entonces se trata de narcotrafico y serán las autoridades federales las que lleven los casos.
Finalmente, el diputado señaló que las autoridades estatales tendrán que capacitarse y equiparse “sobre la marcha”, ya que fue una disposición desde la federación, por lo que es obligatorio que entre en vigor.
Para que el Estado atienda el también llamado “delito contra la salud”, se tienen que hacer reformas al Código Penal, al Código de Procedimientos legales así como a la ley Orgánica del Poder Judicial.
