Carlos Olvera
Guanajuato, Gto. 29 de octubre de 2010.- El procurador de los Derechos Humanos de Guanajuato, Gustavo Rodríguez Junquera, estimó que levantarán alrededor de 30 declaraciones, además de los informes y las ampliaciones documentales en el caso de las 5 personas de la comunidad de Los Sauces, que fueron detenidos por secuestro y luego liberados por falta de pruebas.
De hecho comentó que este viernes vence el plazo para que los informes del caso sean presentados por la Procuraduría General de Justicia del Estado, así como la Secretaría de Seguridad Pública y después del análisis de esos documentos “esperemos en breve llegar a tener una determinación”, precisó.
En entrevista al término del informe de actividades del procurador de Justicia, Carlos Zamarripa, el ombudsman guanajuatense informó que estuvieron platicando con los familiares de las víctimas del abuso policiaco y abrieron de oficio la queja correspondiente, misma que fue ratificada por los afectados.
“Hoy (viernes) vence el término para que nos rindan los informes la Procuraduría deJusticia y la Secretaría de Seguridad Pública, esperemos en breve tener la determinación”, enfatizó Rodríguez Junquera.
Al hablar de las quejas presentadas en contra de elementos de la policía ministerial, el procurador de los Derechos Humanos indicó que son el segundo grupo y que el primer lugar lo siguen ocupando los policías municipales.
“Al término de este año estaremos haciendo una evaluación tanto de policías municipales como de la procuraduría; de las quejas de los ciudadanos. ¿Y las quejas en qué sentido van? Para que la PDHG sea propositiva y dar propuestas de mejoras en aras al respeto de los derechos humanos”, detalló.
En otro orden de ideas, el procurador indicó que solo faltan 5 municipios por firmar el convenio de colaboración para que puedan recibir cursos de capacitación por parte de la dependencia, entre ellos están Salamanca, Guanajuato, Pueblo Nuevo, uno más que no recordó e Irapuato, que es el municipio con mayor numero de quejas.
“Estamos trabajando en temas como el uso legítimo de la fuerza, las detenciones arbitrarias y eso queremos analizar para ver cómo va a influir nuestra capacitación para que en aras podríamos evitar violaciones a los derechos humanos y quejas contra servidores públicos”, especificó el procurador.
Finalmente señaló que en esos casos no han “sentido el apoyo de los alcaldes”, para firmar el convenio al que se han adherido 41 municipios.
