Carmen Pizano
Guanajuato, Gto. 19 de noviembre de 2010.- En septiembre del próximo año se comenzará con la implementacióndel nuevo sistema de justicia penal acusatorio en Guanajuato, sin embargo a la Comisión Estatal encargada del proceso le preocupa que no alcance el presupuesto designado por el gobierno Federal.
Francisco Mijangos Ramírez, quien tomó protesta como Presidente de la Comisión Estatal, señaló que los recursos podrían no ser suficientes. “Guanajuato sufre porque no tenemos la suficiencia para satisfacer tantas y tantas necesidades de los ciudadanos, y tenemos que prepararnos para un trabajo que tal vez en el tema presupuestal no sé si vaya a tener la suficiencia que todos quisiéramos”.
El legislador local llamó a todos los integrantes a utilizar al máximo los recursos en el 2011 “vale la pena que hagamos un esfuerzo para aprovechar en mejores formas lo que sí ya tenemos”.
Para el año 2010, la Federación destinó 166 millones de pesos, de los cuales 21 millones fueron para Guanajuato.
Se estima que para el 2011, año en que se comenzarán a implementar los juicios orales en Guanajuato, el gobierno federal destine 444 millones de pesos a todas ala entidades; aún no se desconoce el monto para la entidad.
Durante su intervención en la sesión de la Comisión Estatal, el diputado Francisco Mijangos propuso que los alumnos de las universidades del Estado tomen cursos para que se vayan familiarizando con el nuevo sistema de justicia penal acusatorio.
Estos cursos podrían impartirlos los funcionarios que fueron capacitados en el curso “formación de formadores” impartido por expertos en el tema de países como Estados Unidos, Chile y Colombia.
“Ellos son un grupo, digamos de elite jurídico, y sería muy interesante que pudiésemos reunirnos con ellos y buscar de qué manera podemos aprovechar esa experiencia para que en contacto con las universidades podamos generar distintas propuestas de capacitación”.
Mijangos Ramírez agregó que se podría impartir capacitación a nivel de diplomado “podríamos tener dos o tres equipos de formadores que den el contenido por módulos, nada más que no nos cobren y que se impartan en la universidad pública (UG) y las privadas”.
La propuesta del diputado panista fue avalada por el resto de los integrantes de la Comisión Estatal y fue llevada como punto de acuerdo para que en fechas próximas comiencen las gestiones con diferentes instituciones del Estado para impartir los cursos a los estudiantes.
También expuso la posibilidad de que la Comisión Estatal publique la nueva ley procesal penal para el Estado con la colaboración de los tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
“Que un acto público participen y hagan sus planteamientos los tres poderes y en el marco de esa presentación podemos darle un diploma a las personas que participaron, como los colegios de abogados y abogados litigantes que hicieron propuestas muy ricas en las mesas de trabajo”, concluyó.
