Confía gobierno municipal en la recuperación de los 360 mil pesos de fraude al DIF

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Carlos Olvera

Guanajuato, Gto. 01 de junio de 2011.- El gobierno municipal espera que los familiares cubran el daño causado al erario por 360 mil pesos. Así lo expresó el síndico Gabino Carbajo Guzmán, luego de que la joven acusada de defraudar al DIF de la capital, Lizbeth del Rocío Mongiote Maldonado, fue sentenciada.

Gabino Carbajo Guzmán, síndico del Ayuntamiento de Guanajuato capital (Foto: Archivo)

El abogado del municipio, entrevistado en la Presidencia capitalina, dijo que ya fueron notificados por parte de la Procuraduría de Justicia de la entidad acerca de la sentencia de la joven defraudadora en un documento de 50 páginas, donde se anota que fue condenada a casi 5 años de cárcel.

“Sin embargo, al municipio lo que le interesa, por encima de las sanciones que acarrea la comisión de un delito es la condena a la reparación del daño que afortunadamente existe y está considerado en la sentencia, por un monto de 360 mil 998 pesos, que es lo que se tiene que restituir al municipio”, explicó.

A este respecto, también señaló que el hecho de que esté condenada a la restitución del daño al patrimonio municipal no garantiza que lo vaya a cubrir “porque no es una sentencia civil que faculte al gobierno capitalino que en caso de que no pague, pueda recurrir al embargo de bienes, y con el remate de ellos se puedan cobrar lo defraudado, sino se trata de una sentencia penal”, precisó.

Según lo comentó, ellos están confiados en que la ciudadana va a saldar el monto del fraude, para poder acceder “al único beneficio que se le está otorgando que es la semilibertad condicionada y en el futuro tener derecho a una preliberación”.

Gabino Carbajo Guzmán comentó que los abogados de la familia de la joven originaria de Campeche ya hicieron dos ofertas al gobierno municipal, pero por montos menores a la cantidad defraudada, por lo que confió en que alcanzarán a juntar el monto total.

Rocío Mongiote Maldonado fue acusada de estar involucrada en el fraude en contra del gobierno capitalino —apenas dos meses después de que tomaron posesión en el ayuntamiento— que depositó la cantidad mencionada para acceder a un “donativo” de bienes incautados por Hacienda, consistente en ambulancias equipadas, ropa y juguetes, sin embargo, al tratar de recogerlos en la aduana de Tijuana, se dieron cuenta del engaño.