Carlos Olvera
Guanajuato, Gto. 17 de junio de 2011.- La capital contará con alrededor de 500 fuentes de empleo al establecerse la Planta Tratadora de Basura y el complejo industrial de reciclado, aseguró el director de la empresa Reicodesa, Víctor Manuel Dávila Morales.
El ganador de la concesión para el confinamiento de la basura en la capital, informó que por el momento ya adquirieron el terreno en las inmediaciones de la comunidad de Molineros, tras el rechazo de los habitantes de la comunidad de Cuevas donde se planeó instalar de manera inicial.
“Ahorita estamos esperando solo que se firme el título con la presidencia municipal, para arrancar con la edificación de la planta; ya compramos el terreno y ya se mandó hacer la maquinaria”, señaló.
Según lo programado, indicó Dávila Morales, la inversión total se ha estimado en 22 millones de dólares y la planta tendrá la capacidad de tratamiento de alrededor de 600 toneladas de basura diarias.
Dávila Morales, director de la empresa Recicladora, Industrializadora y Comercializadora de Residuos Sólidos, S.A de C.V. (Reicodesa), indicó que ya se reunieron con el sindicato de trabajadores del gobierno de la capital y con los trabajadores del departamento de limpia, para explicarles el proyecto y no haya confusiones.
Indicó de igual manera que la instalación de la planta en esa región de la capital, generará un gran número de empleos para los habitantes de la zona, “nada más en la planta tratadora son 200, pero aparte está considerada una planta procesadora de PET, una procesadora de composta, un corredor industrial y al final de cuentas, estamos hablando de 500 empleos”, aseguró.
Víctor Manuel Dávila Morales también informó que donde se encuentra actualmente el tiradero municipal se construirá un espacio para emergencias, “ahí se construirá una celda seca de confinamiento bajo la norma que establezca el Instituto de Ecología y se podrá utilizar como desahogo ante cualquier eventualidad”, precisó.
Cabe recordar que el funcionamiento del tiradero municipal está en litigio en los tribunales, con una orden de clausura de la Propaeg y una impugnación del gobierno capitalino.
