Sin que se haya explicado el porqué de la notable disminución de estadísticas televisivas de enfrentamientos, colgados, decapitados o víctimas colaterales, de pronto el tema del “vandalismo” se convirtió en la nota semanal. Siguiendo con una suerte de estrategia tan antigua como el propio Satanás[1] los poderes de facto cuestionan, critican, enfrentan y marcan la línea por la cual el gobierno debería actuar sin una aparente clara conciencia del sometimiento gubernamental a pseudo-comunicadores acostumbrados a lavarse las manos.
La violencia represiva ejecutada por mexicanos —en la más de las veces con muy limitada preparación académica y menor aun en términos de especialización como guardianes del orden— contratados como policías, amenazados con despido si violan derechos humanos, temerosos de ser víctimas mortales de una turba y encima vejados, insultados, escupidos y para nada reconocidos; se enfrentó, a una masa sin más armas que su irracionalidad, desigual pensamiento y convicciones, cuya conducta —además de ser reactiva emotivamente, como lo hace todo individuo en una aglomeración— se mezcló con las consecuencias del hartazgo ciudadano —por el desempleo, la falta de equidad, la reducción de espacios para el análisis, las continuas violaciones al Estado de Derecho, la ausencia total de civismo— y la certeza de que solo con la fuerza se puede combatir a la fuerza. Infiltrar halcones, rompehuelgas, provocadores y hasta delincuentes en este caldo de cultivo no es novedad. “¿Quién lo hizo?” debería ser el verdadero tema de las investigaciones. Indagaciones que corresponden a quienes la ley ha designado para ello, no a reporteros de guerra, ni personajes compitiendo por un premio.
Pero otro ángulo de lo acaecido tiene que ver con la confusión entre causas y efectos. ¿No es vandalismo, daño en propiedad ajena y lo que resulte la constante pinta de bardas, monumentos históricos o instalaciones de salud? En Querétaro, donde se presumen límites tolerables de seguridad[2] una instalación de beneficencia, que ha luchado por sobrevivir, lleva dos años defendiéndose de todo tipo de delincuentes: primero la CFE, que aun con cero wats de consumo enviaba recibos por más de cinco mil pesos. Durante la operación plena del hospital en favor de la infancia, transitaron supuestos profesionistas a los cuales se denunció por robo de instrumental, insumos de limpieza, artículos de oficina, cámaras de seguridad, focos con celdas solares, etc. La respuesta de la autoridad investigadora y juzgadora fue: omisa para las denuncias de robo y trámite fast track a denuncias laborales, interpuestas por dichos delincuentes, como cortina de humo para evitar ser sancionados. Y aun sin muchos recursos y con solo el apoyo de voluntarios, el trabajo ha seguido.
Habiendo media docena de acciones ante el MP por robo, ninguna de ellas ha sido relacionada entre sí, todas con trabajo pericial de por medio huellas, química —por detritos fecales y otros— fotos etc. pero los vándalos siguen haciendo de las suyas.
Con este ejemplo es posible entender por qué en el Valle de Texas se ha desarrollado una fuerte colonia de mexicanos, que huyeron de su patria. La mayoría no fueron víctimas de homicidio o secuestro de alguien cercano, casi todos en cambio denunciaron una o más veces, la extorsión a su negocio, el robo en casa habitación, el de su vehículo —total o algunas de sus partes— violación sexual, y una suerte de agresiones de verdaderos vándalos, que continúan en la calle en la absoluta impunidad. ¿Es la misma policía que los controla y los usa para actos como el del 1 de diciembre? ¿Estamos hablando del policía de a pie o del abogado encargado de procurar justicia en una mesa de ministerio público o fiscalía de investigación? ¿Por qué no hay un solo ya no digamos detenido siquiera presentado a declarar en estos casos?
Hoy celebramos que hace 64 años los países de mundo suscribieron una declaración universal de derechos considerando que “la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana”; es decir, en igualdad de circunstancias el ciudadano que estudia, el desempleado, el contratado como policía, el altruista modesto e incluso el que apoya a las fundaciones de alcurnia. ¿Por qué entonces, le roban y vandalizan al modesto y al humilde, sin que la justicia opere de manera tan eficiente como cuando se trata de camionetas que no eran de Televisa? Si toda persona tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona y a no ser privado arbitrariamente de su propiedad, individual y colectivamente y si en términos de la normatividad adoptada por la ONU en 1985, acerca de los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder, al igual que los dueños de empresas millonarias con fundaciones igual de pudientes, los voluntarios del Instituto para la Atención Integral del Niño Quemado tienen derecho a ser “tratados con compasión y respeto por su dignidad. Por lo mismo y con elemental sentido común, tendrían derecho al acceso a los mecanismos de la justicia y a una pronta reparación del daño que hayan sufrido”[3] y por ende y como resultado del menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, por parte de la autoridad investigadora local, se espera que comprenda el sentido del mensaje del recién nombrado procurador general de la república Lic. Jesús Murillo Karam. “Tenemos que darle a la Procuraduría su función original, la representación de la sociedad, tenemos que darle fuerza, a esa capacidad y, sobre todo, algo que es muy difícil y que para mí es muy importante, hacer una PGR para la sociedad”
Ojala que todas las procuradurías estatales se atrevan a modernizarse como promete la PGR para convertirse en un órgano confiable y respetable. Si las leyes o reglamentos que sancionan —administrativa, civil o penalmente— a quienes tiran basura, pintarrajean propiedad pública o privada, se introducen en inmuebles para romper, tirar y destruir, se cumplieran, seguramente veríamos disminuir de manera muy sensible los actos vandálicos.
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[1] Divide y vencerás
[2] Solo 6.89 delitos por cada mil habitantes, el menor número de homicidios dolosos en el país (con 43 investigaciones iniciadas cuando empezó el sexenio de Pepe Calzada) y un anhelo para que la delincuencia se ubique dentro de los límites tolerables, y permisibles para que la sociedad pueda vivir de manera armónica a fin de que el Estado sea “un espacio en donde la vida es propicia y la seguridad es adecuada para la inversión , para la industria, para el trabajo, para el comercio”.
[3] ONU, Resolución 40/34, de 29 de noviembre de 1985.
