Acostumbrados como estamos, a pasar por alto lo fundamental de la existencia y reaccionar solo cuando el temor a la muerte se asoma a propósito de las noticias de rafagueados, decapitados, colgados y en general coartados mediante el secuestro y los levantones de donde algunos nunca regresan, nos cuesta trabajo completar un análisis profundo acerca del porqué del endeudamiento de los pueblos de la hoy llamada aldea global. La noticia de que en México el monto del predial, el servicio eléctrico o el de agua se nos presenta con aumentos de más de 200% nos paraliza. ¿Es porque carecemos materialmente de la posibilidad de asumir esos gastos? ¿El temor de ser perseguidos como presidentes municipales de pueblos paupérrimos nos constriñe a la inmovilización? Sea uno u otro o quizá la combinación de ambos, la verdad es que la clase media resulta la más golpeada por este tipo de decisiones autoritarias de las cuales es difícil escaparse a otro país como lo hacen los millonarios franceses.

Elecciones van y vienen, partidos suben y bajan, promesas recicladas o novedosas suenan en los cuatro puntos cardinales; pero lo cierto es que, salvo aquellos que logran periodos de gracia por algún puesto que los eleva del piso unos cuantos centímetros, un grupo mayoritario de la humanidad sufre, no solo por las carencias, sino por la ofensa a la dignidad, que convierte a los pueblos en deudores de mercaderes y banqueros “otorgantes de créditos” de altísimos intereses, para el pago municipal o estatal a la CFE, a la CONAGUA, a PEMEX y por supuesto la nómina periódicamente inflada con los familiares y amigos del funcionario en turno.

En el tema del viejo y el moderno PRI, los que sobrepasan los 75 años recuerdan que “antes” lo primero que hacia un político era meter luz a su pueblo, beneficiar a su tierra de origen con infraestructura y empleos, comunicar pueblitos aislados con la capital del estado. Con la modernidad, los partidos de oposición criticaron esto llamándole paternalismo, le pusieron precio a todo, promovieron “en oferta” créditos millonarios —vía sugerencia del Banco de México o recomendaciones de los bancos extranjeros—, trasfirieron estos servicios públicos a empresas privadas cuya finalidad última es la ganancia y no el servicio; incluso, para lograrlo, metieron caballos de Troya en los grupos orgullosos de la Revolución, la Constitución de 1917 y los avances sociales. ¿A cuál de los dos selectos conglomerados pertenece el llamado “nuevo PRI”? Sé por más de una fuente que el argumento descalificatorio para “neutralizar” o de plano excluir a priístas de verdad revolucionarios y probadamente institucionales ha sido: “no entienden la modernidad”, “se mueven en el equipo equivocado”, “son exageradamente honestos y por eso es difícil negociar con ellos” y en esta línea de pensamiento también el ciudadano está totalmente excluido. Se les invita a organizarse cuando al gobierno conviene para captar votos o desactivar protestas como ha sido en el D.F. con los comités ciudadanos, cuya presencia no devino en mejoras de los servicios comunitarios o urbanos[1] ni disminuyó la inseguridad —física, social e incluso jurídica sobre todo en términos de propiedad— ni creó empleos. Así las cosas, con un territorio susceptible a toda suerte de invasiones, un pueblo sin más posibilidad de defenderse que haciendo uso de la violencia como está ocurriendo en Guerrero y otros estados, México es, aunque duela, un Estado fallido, atrapado en una espiral perversa, donde se compran voluntades, entre otras muchas mediante el crédito que ha dado pábulo a un delincuencia institucional —de los tres poderes y de todos los niveles de gobierno— coludida entre ellos y con banqueros y malos empresarios.

A esta “delincuencia institucional coludida” no le han hecho ni un rasguño las contralorías, auditorías, ni los comités de vigilancia, mucho menos las leyes de transparencia, que han dado como resultado una burocracia costosa e inútil encargada de vigilar “el cumplimiento” de una complicada formalidad cuasi cibernética, para pagar impuestos o ejercer “recursos de coparticipación” entregados a destiempo después de verdaderos vía crucis a las OSC [2] que en algún tiempo fueron una válvula de escape para las demandas populares. ¿Se ha castigado a algún legislador por haber promulgado a espaladas del interés ciudadano leyes que entregan los recursos nacionales a personas —física y morales— ajenas a nuestra patria? ¿Aparte de las vendetas políticas, algún mal administrador de los recursos de la nación —incluidos en ellos los fondos que el pueblo entrega al erario— está castigado penalmente? ¿Cuánto se podía haber beneficiado al pueblo con lo gastado en obras faraónicas como las manejadas por CONACULTA el sexenio pasado? Quiénes mal ejercieron —torpe o suciamente— estos presupuestos públicos ¿los devolverán?

La liga resiste, pero hay límites. No es con gendarmes, granaderos o policías como se llegará a una vida de armonía. Alguien tiene que tener el valor, inteligencia y liderazgo suficientes para cambiar esta realidad de desigualdad, injusticia, violencia y todo aquello que nos tiene atrapados en esta espiral maligna. Por lo pronto los ciudadanos podemos seguir unidos y formar comités de autodefensa para lo que nos atañe de manera inmediata: impuesto inequitativos, servicios que no corresponden a lo que uno tributa, respeto a cada uno como persona y ciudadano.

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[1] Las calles están derruidas, la basura se acumula, la corrupción se generaliza como resultado de interpretaciones a modo de las leyes que regulan negocios mercantiles, usos de suelo etc.

[2] Que Colosio impulsó con un espíritu de simplicidad y que se ha convertido en espada de Damocles que da como resultado el cierre de las mismas y por ende el desamparo de aquellos a quienes protegían.