La injusticia es una madre jamás estéril: siempre produce hijos dignos de ella.
AdolpheThiers
Hace casi siete años, en el 2006, tres mujeres indígenas fueron detenidas en Querétaro durante un operativo armado por venta de piratería, y posteriormente acusadas por seis de los agentes de la Agencia Federal de Investigación que en él participaron de haberlos secuestrado y de portar drogas.
Alberta Alcántara y Teresa González estuvieron presas durante casi cuatro años. La tercera, Jacinta Francisco Marcial, obtuvo su libertad antes que ellas, todas con el respaldo legal del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez.
Su libertad fue obtenida tras una larga batalla jurídica y mediática, por la cual se consiguió que la Procuraduría General de la República se echara para atrás en sus acusaciones y ellas fueran exoneradas.
Es decir, inocentes de todos los cargos.
También con el apoyo del Centro Prodh, Alberta y Teresa buscaron entonces el resarcimiento de los daños morales y materiales que sufrieron por su injusto encarcelamiento durante todos esos meses en un penal de Querétaro.
En noviembre del año pasado, se consiguió del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa que estas mujeres fueran indemnizadas, y que la PGR les ofrezca una disculpa pública y divulgue la sentencia que las absolvió de toda culpa.
En una respuesta que contradice cualquier posible espíritu de protección y apoyo a las víctimas de delitos —incluyendo a las víctimas de acusaciones injustas o fabricadas por servidores públicos, como en este caso— la PGR decidió apelar la sentencia.
Salió con la batea de que siempre no. Que hay dudas sobre la inocencia de las mujeres.
Y una peor: no les quieren pagar los daños causados.
Esta posibilidad está prevista en una ley: la de Responsabilidad patrimonial del estado, en casos como éste, el encarcelamiento ilegal que llevó a estas mujeres indígenas—otra vez— a pasar tantos, tantos meses en prisión.
Sin embargo, el argumento de la PGR es irrebatible en su absurda dimensión:
“Si todas las personas absueltas son indemnizadas, no habría dinero que alcanzara para pagar los daños”.
Eso sí que nadie lo duda.
Con estos bemoles del sistema de procuración y el de impartición de justicia en México, ¿cuántas personas ilegalmente detenidas o injustamente condenadas le calcula usted que duermen en los centros penitenciarios a lo largo y ancho del territorio nacional?
El número que guste y mande.
La PGR, a través de su Dirección de Asuntos Jurídicos, apeló a la sentencia que la obligaría a indemnizar económicamente a las dos indígenas demandantes, en un mínimo intento por recuperar el tiempo perdido, el dinero perdido, el ingreso perdido, la vida perdida.
¿De todo eso qué alcanzarán a recuperar? ¿Quién pronunciará el “usted disculpe”, qué máquina del tiempo las reencontrará con sus familias, sus hijos, en el momento en que salían a vender sus productos a las plazas de Querétaro?
Y después de todo eso, ¿cómo continuar?
Los agentes acusadores, los ministerios públicos, los jueces que estuvieron en el camino de su encarcelamiento la libran, mientras el Estado se ocupa, destina funcionarios, recursos, tiempo, en inconformarse por una sentencia justiciera.
El mensaje está claro.
