…Cuando les conviene.
Entre diciembre del 2014 y junio pasado, algunos periodistas guanajuatenses acompañados por el académico de la Universidad Iberoamericana Raymundo Sandoval, acudimos puntualmente a varias reuniones de trabajo con la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del estado, con el propósito de trabajar en una Ley de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
Nuestra incorporación a esos trabajos derivó de las movilizaciones y de la reacción del gremio periodístico a raíz del ataque contra Adriana Elizabeth Palacios y Karla Silva Guerrero cometido el 4 de septiembre pasado en las oficinas de El Heraldo de León en Silao.
La referida comisión de derechos humanos fue la encargada de revisar la iniciativa para la mencionada ley que presentó la diputada del PRD, Guadalupe Torres Rea, y elaborar un dictamen de ley que sería llevado al pleno de la Cámara y, ante la petición expresa planteada en una protesta que efectuamos en el Congreso, se formalizó una invitación para incorporarnos a una mesa técnica en la que podríamos expresar nuestras propuestas y aportaciones.
Paulatinamente, se fueron incorporando otros periodistas e integrantes de organizaciones defensoras de derechos humanos. Un grupo compacto, pero suficiente para entender la trascendencia de contar con una legislación de avanzada, completa y acorde a estos tiempos en que el Estado, más que garantizar el pleno ejercicio de todos y cada uno de los derechos humanos y ciudadanos, parece empeñado no sólo en obstaculizar este ejercicio, sino en cercenar autoritariamente varias libertades y actividades, como son el derecho a la información el ejercicio periodístico, mediante el hostigamiento, la persecución, la desaparición y el asesinato de periodistas en distintos puntos del país.
Lo hemos dicho recio y quedito en distintos espacios: la golpiza y las amenazas propinadas a la reportera Karla Silva en Silao, evidentemente atribuidas o pretendidamente justificadas por su trabajo periodístico, fue el detonante de una importante reacción de periodistas de distintos medios e independientes, pero no es el único antecedente en Guanajuato de agresiones al ejercicio de esta actividad o en busca de mutilar los derechos que derivan de la labor del periodista para una sociedad.
Es cierto también que la participación de todo el gremio en debates como el de una Ley de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas se dificulta ante la falta de mejores condiciones laborales, del interés y respaldo de los dueños o directivos de los medios de comunicación, o de una conciencia de las implicaciones que tiene el ejercicio de la profesión hoy en día —las que tenía en tiempos “normales” más las que tiene ahora, cuando todas las instancias internacionales apuntan a que hay regiones de México en las que los periodistas vivimos las circunstancias de un corresponsal de guerra—.
Sin embargo, la posibilidad de contar en Guanajuato con este marco legal, que existe ya en forma de un Mecanismo federal, del que ya hay normas vigentes en varias entidades —como San Luis Potosí— o el Distrito Federal, donde acaba de ser publicada por el Jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera (si bien esto se ha interpretado como un acto oportunista ante los traspiés vergonzosos que ha dado su procuraduría en la investigación para dar con los asesinos del fotoperiodista Rubén Espinosa, Nadia Vera, Alejandra Negrete, Yesenia Quiroz y Mile Virginia Martínez) no debe ser calibrada con base en el interés de los periodistas o defensores de derechos humanos, ni de cuántas protestas seamos capaces de llevar al Palacio Legislativo.
Porque interés lo hemos tenido, hemos aportado, hemos demandado a los legisladores hacer un análisis acucioso, foros, consulta a organizaciones especializadas, un diagnóstico estatal.
En respuesta, recibimos del diputado presidente de la comisión, el priista Felipe Orozco, cualquier pretexto como la “dificultad para llegar a acuerdos entre los grupos parlamentarios” (es decir, para los partidos representados en el Congreso) para mandar a la congeladora la iniciativa sobre la que se trabajó durante estos meses, siempre entre las reticencias y ausencias de los legisladores y sus asesores.
Así, entre que estamos en el último año del trienio de estos diputados y se atravesó el proceso electoral que a todos distrajo y a varios los llevó a “chapulinear” por otros cargos, no hubo en el Congreso el interés, las ganas, la voluntad o el entendimiento para promulgar una Ley de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Y ya se van.
Esa voluntad, entendimiento, ganas e interés sí nos lo mostraron, dicho sea de paso, al aprobar de inmediato las numerosas iniciativas del Ejecutivo ingresadas a toda prisa (como seguramente ocurrirá con la petición del nuevo endeudamiento estatal) o para autorizar alegremente, sin empacho alguno, las dudosas y cuestionables contrataciones de empresas para las obras del nuevo Palacio Legislativo, ese enorme elefante blanco trepado en un cerro de Guanajuato.
Pero ya viene la siguiente Legislatura local. Los escenarios se modifican al interior de lo que será el nuevo Congreso. No así la cada vez más peligrosa realidad nacional que acorrala a periodistas y activistas sociales, en detrimento de la calidad civilizada y democrática de un país entero.
Así que vamos a insistir.
