Una de las promesas que más hemos escuchado en estos días en que se estrenan alcaldes, diputados, síndicos, regidores, y funcionarios, tiene que ver con transparentar sus actos de gobierno y combatir la corrupción.

Sobre esto han hablado, particularmente, muchos de los flamantes presidentes municipales que desde los primeros minutos del sábado 10 de octubre se instalaron al frente de los gobiernos municipales. Todos dicen que serán honestos y no transarán, ni permitirán la transa.

“Cero tolerancia a la corrupción” fue una de las frases que particularmente le fue destacada en la opinión pública al ex Secretario de Desarrollo Económico y ex gobernador interino Héctor López Santillana, misma que pronunció en el discurso posterior a su toma de protesta.

Vale la pena citar esta parte del discurso de López Santillana, el nuevo presidente municipal del municipio más grande del estado, el que concentra a un importante porcentaje de la población del estado, el que regresó a las manos del Partido Acción Nacional tras una polémica administración en manos de la alianza PRI-PVEM de la que la alcaldesa Bárbara Botello salió corriendo, dispuesta a refugiarse en la inmunidad de una curul federal:

“El valor número uno con el cual tenemos que predicar y dar ejemplo a la sociedad es el de la honestidad… la principal instrucción que el ayuntamiento ha generado es que durante esta administración habrá cero tolerancia a la corrupción y un firme combate a la impunidad”.

Otros fueron más sutiles, como fue el caso de Édgar Castro, nuevo alcalde de la capital, quien más bien aludió a “prácticas” que le fueron reportadas por sectores sociales en áreas como Obras Públicas, las cuales “ya no se deben de hacer”, dijo, prudente y austero en el uso del lenguaje, pero de que se entendió, ni duda cabe.

Varios de estos nuevos gobernantes dieron otro paso de impacto mediático en sus primeras actividades: pintaron su raya, se deslindaron, pusieron su distancia de sus antecesores, del mismo partido o de partidos opositores. Como Hugo Estefanía en Cortazar, o Ricardo Villarreal en San Miguel de Allende.

Sólo que esa raya que creyeron pintar, es un producto de su imaginación.

No existe.

Sus antecesores hablaron de esa línea invisible. Aludieron a ella y ofrecieron rendir cuentas y exigir cuentas claras a sus predecesores en aquellos rubros en los que había claras muestras de anomalías, denuncias ciudadanas, escandalosos saqueos…

Pero nunca la cruzaron.

El problema es que a varios de estos alcaldes, la sociedad, las ciudadanas y los ciudadanos, le incluyeron esta indiferencia —que en los hechos es complicidad simple y llana— en las cuentas por cobrar. Salieron debiendo, y vino entonces una decisión electoral por el cambio de rumbo, de gobierno, de partido.

Las experiencias del pasado suelen ser olvidadas con suma facilidad por políticos y funcionarios cuando éstos se encuentran encumbrados. Las nuevas administraciones pregonan pomposamente que frenarán la corrupción, pero poco o nada hacen por investigar y llevar a la sanción aquélla que generó costos al patrimonio público (municipal, estatal, federal) y acaban convirtiéndose en cómplices por callar.

Por guardar en el cajón bajo llave los pecados de sus antecesores.

Por hacerse de la vista gorda con el cochinero que encuentran.

En estos días, vemos a los nuevos alcaldes denunciando que les dejan arcas vacías, deudas con proveedores, liquidaciones pendientes. Algunos ofrecen indagatorias a fondo y sanciones ejemplares. Otros sólo vociferan por unos minutos.

A estas alturas del desgaste nacional, no basta que los alcaldes prometan que no serán corruptos. La primera prueba fehaciente es demostrar que si encuentran mugre bajo la alfombra del Palacio Municipal, tomarán medidas, limpiarán, investigarán, denunciarán al empleado que la puso ahí, buscarán que sea sancionado.

La segunda prueba es, después de prometerlo, cumplirlo.

Al tiempo.