“Mi gusto es / y quién me lo quitará”, dice una popular canción ranchera en la que pensé mientras veía, cual función de matiné, la sesión ordinaria del Congreso del estado en la pantalla de mi computadora, entre otras mil cosas por hacer.

Ahí estaban, solazándose, gozando a todas luces el momento, los diputados Ricardo Torres Origel y Juan Carlos Muñoz Márquez, del Partido Acción Nacional. Representantes leoneses ambos.

En la tribuna se presentaba la propuesta de punto de acuerdo urgente (de obvia resolución, dice el pomposo trámite legislativo) para ordenar al Órgano de Fiscalización Superior que inicie, en calidad también de urgente, una auditoría integral a los ejercicios fiscales del 2013 y 2014 del gobierno municipal de León.

Tiempos de Bárbara Botello Santibáñez como alcaldesa, la que arrebató el bastión panista al PRI… y se lo regresó sin muchas dificultades con un gobierno polémico a más no poder, en el ojo público, sazonado con la personalidad confrontativa de la alcaldesa, algunas decisiones que sonaron a revancha (dos de las cuales afectaron directa y personalmente a Torres Origel y a Muñoz Márquez), y actos de gobierno que dejaron entrever un cuestionable manejo de los recursos públicos.

Discrecionalidad, favoritismo, pago a empresas fantasmas y otras favorecidas; contratos inflados (como el que se asignó a la empresa encargada del servicio de recolección de basura), exceso de personal, aviadores… detalles que han sido encontrados, hay qué decirlo, en varias, muchas de las 46 administraciones municipales que concluyeron, algunos de cuyos funcionarios dejaron, además de todo lo anterior, arcas vacías, endeudamiento, pagos pendientes a proveedores, falta de liquidez para cubrir las nóminas por lo que resta del año…

Y las listas se alargan, se alargan conforme pasan los días y los nuevos funcionarios municipales revisan cajones, informes de entrega-recepción, edificios, nóminas…

En San Miguel de Allende, por ejemplo, una auditoría de esas integrales al trienio del ex alcalde Mauricio Trejo Pureco no estaría mal. Quizás los auditores del Órgano de Fiscalización Superior darían con el paradero de los costosísimos muebles y menaje que fue instalado a capricho de Trejo en sus oficinas privadas dentro del edificio del gobierno municipal, equivalente al interior de un lujoso penthouse.

Y es que del inmueble, Trejo no dejó más que el cascarón y las alfombras (quizás porque no pudo desprenderlas o ya no le gustaban).

Todo el mobiliario encargado a una carísima tienda de muebles y decoración, con cargo al erario, por supuesto.

En Abasolo, un alcalde panista dejó en ceros las arcas a su sucesor, otro alcalde panista, que no fue de su agrado como candidato, por cierto.

El saqueo no es suposición, rumor. Está confirmado por los propios funcionarios (algunos del mismo partido que antecedió en la administración municipal, como es el caso de Abasolo, y del que tomó nota el propio gobernador Miguel Márquez).

Y es repetitivo, absurdamente repetitivo. Ofensivo, indignante.

Porque encima de todo, muchos de esos ex alcaldes y ex funcionarios sin escrúpulos se han marchado con una jugosa liquidación en los bolsillos.

Algunos, como Bárbara Botello en León, Luis Fernando Gutiérrez en Guanajuato capital, o Benjamín Solís Arzola en Silao, con pretensiones de seguir sangrando al erario de sus municipios, el erario público, con el pago de escoltas.

Una vez que ha girado la rueda de la fortuna, todo parece indicar que diputados como Ricardo Torres Origel y Juan Carlos Muñoz tendrán ésta y otras oportunidades de cobrar algunas a la ex alcaldesa Botello.

La mira está en las revanchas. El PRI quiere ir por Celaya y su ex alcalde Ismael Pérez Ordaz.

La fiscalización es, efectivamente, tarea esencial de diputadas y diputados.

Pero una vez más se comprueba que muy lejos estamos de depender de las veleidades, venganzas, acuerdos en lo oscurito, enemistades, negocios y compadrazgos y la sinrazón que caracteriza al ejercicio de la política local y nacional.

Que no nos cuenten.

Esta película ya es muy vista.