El lunes, en una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado de varios directores de las áreas centrales del gobierno municipal, el alcalde de León, Héctor López Santillana, presentó lo que llamó un “diagnóstico de incidencias” que se derivó del proceso de entrega-recepción con que se formaliza la entrega de una administración a la que le sigue.

Para este proceso, en los últimos años se ha implementado la conformación de un “equipo de transición” por parte del servidor público electo, generalmente con su gente de confianza, y hasta se ha asignado una partida presupuestal para los gastos que se generen en este paso.

En ninguna parte de este proceso de entrega-recepción se involucra al ciudadano de a pie, ni siquiera como espectador.

De lejitos, el ciudadano se da cuenta de un trámite formal, oficial, que debe ser detallado, minucioso, riguroso.

Porque en este trámite estriba el saber lo que se entrega y lo que se recibe, de un alcalde a otro, de un gobernador a otro, de una oficina pública a otra: informes financieros, relación de propiedades o bienes muebles e inmuebles, recursos humanos, materiales, adeudos, compromisos, pendientes…

Se supone que, luego de entrar a detalle en este proceso y seguir la hebra, los colaboradores de Héctor López Santillana se encontraron con una larga lista de situaciones que se han convertido en un lastre para el cierre del año por parte de este gobierno que apenas comenzó el 10 de octubre.

Ocurre en León, como ocurre en Guanajuato capital, como ocurre en Silao, que estos nuevos gobiernos municipales parecen dar señales de una mayor transparencia para dar a conocer en qué condiciones recibieron la casa.

Ocurre que, por lo que hasta ahora han ido presentando, se han encontrado con algo de desorden y cuentas mochas.

En el caso de León, por ejemplo, en su conferencia de prensa del lunes 30 de noviembre el alcalde Héctor López Santillana (un funcionario que ya fue gobernador interino, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y también Secretario de Gobierno) desglosó una serie de hoyos financieros en rubros para los cuales no se dejaron los recursos previsibles o que debieron programarse para su operación, al menos hasta el 31 de diciembre, cierre del año fiscal.

Aunque la lista también incluyó un panorama de cómo se engordó la nómina municipal, y particularmente de junio a octubre, incluso en las últimas horas del trienio que comenzó Bárbara Botello Santibáñez y que terminó Octavio Villasana Delfín, con toda la gente de confianza de Botello en las áreas estratégicas del municipio:

Cuatrocientas personas contratadas en cuatro meses.

Los priistas, según lo revelado por López Santillana, se fueron sin dejar programados los recursos para pagar adeudos de alumbrado público, operativos de seguridad de fin de año y el servicio de recolección de basura; un montón de vehículos de seguridad pública sin funcionar, o para ejecutar obra ya comprometida.

Pero, como ocurre en los otros municipios mencionados, hay mesura, excesiva prudencia, tono políticamente correcto: no hay cacería de brujas, no es una persecución, hay que esperar; se canalizará lo encontrado a otras instancias para que se investigue.

La situación es generalizada: los nuevos alcaldes se hallaron arcas vacías, cobradores haciendo fila y empleados para los que no se tiene salarios o aguinaldos.

Los alcaldes han salido y se han quejado de esto ante a la ciudadanía… pero, en las palabras del propio alcalde leonés, “sin ánimo de responsabilizar a nadie o de acusar sólo por acusar”.

Los procesos de entrega-recepción iniciaron semanas antes de que comenzaran las nuevas administraciones, hace casi tres meses. Los nuevos alcaldes llegaron con funcionarios experimentados, perfiles preparados, gente capaz para revisar, detectar, diagnosticar y resolver los entuertos en la operación de estos gobiernos (¿o no?).

Este discurso de la denuncia, de lanzar la piedra y esconder la mano, les durará poco. Y, si no actúan en consecuencia con lo que han salido a denunciar, la credibilidad también.